La testigo aseguró que se certificaron como terminadas 19 viviendas sociales que aún no estaban listas para entregar.

El gobernador confirmó que apelarán a la medida. "Institucionalmente haremos lo que tenemos que hacer", sostuvo.

Más de seis barrios fueron inspeccionados en Sáenz Peña, con múltiples irregularidades detectadas tanto en viviendas como en comercios.

Se estima que esta situación, por mes, significaba una erogación de más de 400 millones de pesos.

Una nueva auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló que en una localidad, más del 80% percibía por parte del Estado Nacional ese subsidio sin cumplir los requisitos.

El pago de esta asistencia social le cuesta seis mil millones de pesos anuales al Estado.

El ministro Petri ordenó auditorías para determinar que ocurrió con esos fondos y con lo que se había presuntamente adquirido.

De acuerdo a la presentación, se habrían detectado "sobreprecios" y "productos de mala calidad" en compras autorizadas cuando la actual diputada de UP era titular de Desarrollo Social.