Chaco tiene 10 veces más pensiones por invalidez que la Ciudad de Buenos Aires

Según informe publicado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), existen desequilibrios en la distribución de las pensiones no contributivas por invalidez. Atribuyen esta situación a falencias de gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Chaco sería la provincia con más pensiones cada 1000 habitantes en el país.
En medio del escándalo por presuntas coimas en la gestión del organismo nacional, investigadores indagaron sobre los beneficios otorgados y también en los procesos de auditorías.
En primer lugar, hicieron una comparación entre regiones y provincias sobre la distribución de este tipo de pensiones. En principio, calcularon que, en promedio, en el país hay 25 pensiones por invalidez cada 1.000 habitantes. Teniendo en cuenta este dato, expusieron que hay una "gran dispersión" según las provincias.
En este marco, en Chaco hay 86 pensiones por invalidez cada 1.000 habitantes, es decir, 10 veces más que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay 8 por cada 1.000 habitantes. Nuestra provincia además presenta 2 veces más pensiones otorgadas que provincias vecinas con perfiles socioeconómicos similares.

A su vez, en la región norte y noroeste, incluyendo a Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes y La Rioja, señalan que existen más pensiones por invalidez que Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). Desde IDESA, sostienen que esta situación sugiere que "los mecanismos aplicados fueron muy permeables a las irregularidades".
Si bien los investigadores respaldan que las auditorías son una de las herramientas para constatar aquellos beneficios mal otorgados, las mismas presentaron problemas en su aplicación.
"La ANDIS implementó el plan de auditoría utilizando instrumentos muy rudimentarios. "Aparentemente se enviaron citaciones de manera masiva y sin un criterio estratégico para que los beneficiarios se presenten en oficinas públicas", detalla el informe.
Esto tendría como resultado que se"seguirán pagando pensiones otorgadas de manera fraudulenta y una gran cantidad de discapacitados sometidos, sin justificativos ni sentido, a trámites engorrosos".
Al respecto, concluyen que "ANDIS denota severos problemas de gestión" y apelan a generar políticas más efectivas respecto al manejo de los recursos del Estado. "De lo contrario, la pésima experiencia de la ANDIS se seguirá repitiendo", finaliza el informe.
