Un caso sin justicia y la creación de una nueva figura: qué es la Defensoría de las Víctimas
Fue puesta en funcionamiento el pasado abril y es resultado de un proceso de años, relacionado con un caso sin resolver que tuvo lugar hace más de tres décadas en la capital chaqueña.
Desde el 27 de abril pasado, la Primera Circunscripción Judicial del Chaco, que comprende Resistencia y las localidades del área metropolitana, cuenta con una nueva área dependiente del Ministerio Público de la Defensa: la Defensoría Pública de las Víctimas.
La reciente figura es resultado de un proceso de años, relacionado con un caso sin resolver que tuvo lugar hace más de tres décadas en la capital chaqueña. A raíz de la falta de justicia que tuvo el homicidio de Amanda Encaje y Néstor Vivo, sucedido en abril de 1992, el Estado argentino llegó a un acuerdo amistoso con familiares de una de las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el mismo, se definieron una serie de medidas reparatorias que debía implementar el país, siendo la creación de la Defensoría de Víctimas una de ellas.
La figura fue creada por la Ley Provincial N°3413, aprobada en 2021. La norma establecía la designación de un defensor para cada una de las seis circunscripciones judiciales y un cronograma de implementación progresiva. A la actualidad, solo se logró la puesta en funcionamiento en una de ellas. Con sede en Resistencia, la Defensoría de las Víctimas de la Primera Circunscripción Judicial está a cargo de Jessica Ayala.
"Por una cuestión presupuestaria no se ha podido cumplir con este compromiso en las otras circunscripciones judiciales, que aspiramos que los próximos años puedan contar cada una con un defensor de víctimas", sostuvo al respecto Alicia Alcalá, Defensora General del Poder Judicial del Chaco.
Según explicó la funcionaria judicial, el rol principal de la Defensoría es asistir técnicamente a las víctimas en un proceso penal cuando desean constituirse en querellantes. Utilizando esta figura contemplada en el Código Procesal Penal de la provincia del Chaco, tanto las víctimas directas del delito como aquellas indirectas, en el caso de que sean familiares, las personas pueden acompañar activamente el proceso penal. En este marco, pueden ofrecer pruebas y controlarlas, entre otras acciones, y también deben ser escuchadas en la ejecución de penas.
"Se trata de priorizar a la víctima dentro del proceso penal para que no sea solo un testigo de las actuaciones, sino que tenga una participación activa", remarcó Alcalá.
Seguidamente, aclaró que las víctimas pueden ser querellantes en los casos de delitos graves, como ser homicidio, femicidio, robo seguido de muerte, robo con armas, lesiones graves o gravísimas. "Un delito más leve, como serían, por ejemplo, lesiones leves o hurto simple, no se contempla la posibilidad de la constitución en querellante", ejemplificó la Defensora General.
La actuación del Defensor o Defensora de las Víctimas debe ser inmediata. "La víctima debe ser informada en la primera presentación que tenga en el Poder Judicial, que generalmente es ante la Fiscalía; allí se le debe informar el derecho que tiene a elegir un abogado. Este puede ser particular o se lo ofrece el Defensor Público de Víctimas, que es un abogado pagado por el Estado, es decir, un servicio gratuito para la víctima", indicó Alcalá. A su vez, remarcó que se trata de un derecho, no una obligación; será decisión de la víctima si elige o no esta opción.
Desde su puesta en funcionamiento, la Defensoría se constituyó como querellante en una decena de casos, aproximadamente. Asimismo, diariamente reciben consultas por parte de la ciudadanía en sus oficinas, ubicadas en Brown 76, en Resistencia.
Según lo estipulado por la ley, la Defensora de Víctimas tiene que contar con un Secretario y un equipo interdisciplinario compuesto por un Licenciado en Psicología y otro en Trabajo Social. Se considera algo crucial, teniendo en cuenta que los casos que se abordan, por lo general, "son situaciones de mucha vulneración de derecho, de mucha emotividad que pueden producir también trastornos psicológicos y sí o sí la defensora tiene que estar auxiliada por otras disciplinas para acompañar a la víctima más allá del asesoramiento técnico", aclaró Alcalá.
Estos tres cargos dentro de la estructura se encuentran en un proceso de concurso. Por ello, momentáneamente, se utiliza la asistencia del Servicio Social del Poder Judicial.
En otro punto, la Defensora General bregó porque se siga avanzando en la implementación de las defensorías en todas las circunscripciones de la provincia, teniendo en cuenta la diversidad de condiciones personales, sociales, económicas y culturales que tienen las víctimas en localidades del interior en comparación con las más cercanas a la ciudad Capital.
A modo de conclusión, Alcalá valoró la creación de esta nueva figura en la provincia. "Creo que es una oportunidad para que las víctimas tengan voz en los procesos, puedan ser escuchadas. Esto es algo fundamental porque durante muchos años el Estado se arrogó la facultad con buenas intenciones de llevar adelante procesos penales, pero la víctima estaba invisibilizada", dijo, y subrayó: "Es una posibilidad enorme para que se ejerzan derechos, porque de nada sirve saber que uno tiene derechos si no tiene un acceso efectivo al proceso judicial".
