Piden revisar el fallo que ordenó volver a aplicar la cláusula gatillo docente

La Procuración General de la Justicia del Chaco emitió un dictamen en el que aconseja declarar la arbitrariedad del fallo judicial que ordenó la reinstalación de la cláusula gatillo para los docentes, al considerar que la sentencia no tuvo en cuenta una norma legal clave vinculada al régimen salarial del empleo público.

El pronunciamiento recomienda al Superior Tribunal de Justicia hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Poder Ejecutivo provincial y devolver el expediente a la Cámara de Apelaciones del Trabajo para que dicte un nuevo fallo con un análisis integral del caso. El dictamen fue emitido en los días previos al inicio de la feria judicial y ya se encuentra en estudio del máximo tribunal.

La causa se originó a partir de una acción promovida por la Federación de Sindicatos de la Educación del Chaco (Federación Sitech) contra el Ministerio de Educación y la Provincia, en la que se reclama el restablecimiento del mecanismo de actualización salarial conocido como cláusula gatillo. La Cámara había hecho lugar al amparo mediante la sentencia N° 112, dictada en octubre de 2025, ordenando la actualización de los salarios docentes en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según ese fallo, debían ajustarse las remuneraciones correspondientes a julio y octubre de 2025, tomando como referencia la inflación acumulada en los trimestres abril-junio y julio-septiembre de ese año, conforme al Escalafón Docente establecido por la Ley 647-E. La decisión se apoyó en la protección constitucional del salario docente y en antecedentes de aplicación del mecanismo mediante decretos del Poder Ejecutivo desde 2019.

No obstante, la Procuración advirtió que la sentencia omitió pronunciarse sobre un planteo central realizado por la Provincia: la vigencia de la Ley N° 724-A, que establece que las escalas salariales de los empleados públicos solo pueden ser aprobadas o modificadas por ley formal.

Para la Procuración, esta omisión resulta determinante, ya que la inexistencia de una norma específica que habilite la cláusula gatillo pone en discusión la facultad del Poder Judicial para ordenar su restablecimiento. El dictamen remarca que la propia jurisprudencia del Superior Tribunal reconoce la reserva legislativa en materia salarial.

En ese contexto, se concluyó que el fallo presenta una falta de fundamentación suficiente y configura un supuesto de arbitrariedad, motivo por el cual se aconsejó admitir el recurso de inconstitucionalidad y disponer un nuevo pronunciamiento que contemple todos los argumentos expuestos por las partes.

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