Caso Amanda Encaje y Néstor Vivo: a 33 años, sigue la espera por medidas reparatorias
Amanda Encaje y Néstor Vivo fueron brutalmente asesinados el 8 de abril de 1992. Sus cuerpos fueron hallados en una casa ubicada en avenida Paraguay 787. Se trata de un crimen que conmovió ampliamente a la sociedad chaqueña y que movilizó a sus familiares a una larga lucha para obtener justicia ,que incluyó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hoy, 33 años después, aún aguardan respuestas y avances en el proceso de reparación por la memoria de Amanda y Néstor.
EL CRIMEN
Ambos eran empleados de Supercemento, una empresa con mucho poder e influencia en la región. Estaban en el domicilio mencionado supervisando una obra de refacción, ya que en ese espacio se abriría una nueva oficina de la firma.
Al día siguiente del crimen, fueron hallados por los albañiles que llegaban a trabajar en el lugar. Las autopsias determinaron que fueron golpeados y torturados. Una de ellas ,además señaló que Amanda fue víctima de abuso sexual.
El caso tomó gran trascendencia pública y fueron varias las versiones que circularon sobre los móviles del doble homicidio. Entre los rumores, se habló de negociados en la obra pública y otros. En este marco, fue notable la inacción del Poder Ejecutivo y el Judicial para esclarecer lo sucedido.
CAMINO JUDICIAL
Para 2008, la familia de Amanda recibía la noticia de que la causa prescribiría. Con el objetivo de luchar contra la impunidad y el olvido, su hija Andrea Martínez y su hermana Silvia Encaje realizaron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Allí, denunciaban al Estado argentino por la negación de justicia, exponiendo numerosas irregularidades en la causa. Entre ellas mencionaron la falta de resguardo de la escena del crimen, la demora de allanamientos, filtración de información, extravío de pruebas y otras.
Seguidamente, el 11 de marzo de 2014, la Justicia resolvió la situación de cada una de las personas investigadas como partícipes del crimen: dos recibieron el sobreseimiento total y definitivo por fallecimiento, y otras seis la extinción de la acción penal por prescripción.
El 4 de mayo de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos finalmente declaró admisible la petición y dio curso a la misma. Años después, el organismo dictaminó que el Estado no había agotado las acciones necesarias para esclarecer el doble homicidio, marcando irregularidades, incorrecciones y desidia en la labor policial y judicial.
Esta determinación dio lugar a la posibilidad de un Acta de Compromiso de Solución Amistosa, que fue firmado por los familiares de Amanda y el Estado Provincial posteriormente, en abril de 2021.
En el acuerdo, el Estado chaqueño admite la denegación de justicia y asume diferentes compromisos para reparar el daño ocasionado.
ACUERDO VIGENTE Y LA ESPERA DE AVANCES
Ante la consulta de Diario TAG, el abogado Marcos Molero, representante legal de familiares de Amanda, detalló cuánto se avanzó en el cumplimiento del Acta de Compromiso.
En este sentido, reconoció que el Estado asumió la responsabilidad en la falta de justicia y que en 2022 se inauguró una escultura y placa conmemorativa en honor a las víctimas, frente donde se registró el doble homicidio. Respecto de los otros puntos acordados, aún esperan respuestas.
Según señaló el letrado, se crearon por ley Defensorías Públicas Especializadas en Atención a las Víctimas que dependerían del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia, pero no se implementaron efectivamente. "Al momento están creadas por ley, pero no tienen aplicación, no se logra que se las incluya presupuestariamente", señaló Molero.
Además, agregó que tampoco se dio cumplimiento a la creación de un Banco de Datos Genéticos ni al Observatorio de los Derechos de las Víctimas. El primero debería funcionar bajo la órbita del Poder Judicial y el segundo dependería del Poder Legislativo.
"Periódicamente se viene insistiendo, llegamos hasta el acuerdo y nunca logramos avanzar", sostuvo el abogado y recalcó que además "son cuestiones poco costosas". En este sentido, aclaró que son espacios que no demandan grandes partidas presupuestarias ni mucho personal.
Este lunes 8 de septiembre el Superior Tribunal de Justicia informó que solicitó al Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento que instrumente el llamado a concurso para cubrir el cargo de defensor o defensora de la Defensoría de Víctimas de la primera circunscripción judicial.
Sobre esto, Molero señaló: "Es un avance institucional, pero es casi una proclama de buena voluntad. Quien tiene que fijar el presupuesto no lo viene haciendo de forma sistemática".
Hace una semana, Andrea Martínez fue recibida por autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia para continuar con las gestiones pendientes.
Para finalizar, remarcó: "Esperamos que esto se modifique porque la República Argentina, a través de la provincia del Chaco, está en estado de mora del cumplimiento de lo acordado".
