Piden medidas urgentes para evitar que CFK y otros condenados dispongan de sus bienes
Los fiscales Luciani y Mola pidieron al tribunal que impida movimientos sobre bienes de Cristina Kirchner, Báez y otros condenados para asegurar el decomiso por casi $ 685 mil millones.
En el marco de la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 una serie de medidas clave para garantizar el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los condenados. Entre los pedidos, destacaron la necesidad de restringir cualquier acción que implique el movimiento de dinero o inmuebles, y se pidió extender dichas restricciones a todos los involucrados, incluso aquellos con prisión domiciliaria.
"Este Ministerio Público Fiscal viene insistiendo en que se adopten en tiempo oportuno los recaudos del caso para asegurar el recto cumplimiento de la orden de decomiso librada por los jueces", expresaron los fiscales en el escrito.
En este sentido, solicitaron también que se libren oficios a diferentes organismos para reconstruir el patrimonio de Claudia Insaurralde, pareja de Báez, desde 2016 a la actualidad. Sospechan que podría haber actuado como prestanombre o bien haber transferido bienes a terceros.
Uno de los puntos más sensibles de la presentación está vinculado con un poder firmado por Báez en 2020, en el que autorizaba a Insaurralde a intervenir en sus negocios con "las más amplias facultades". Según se supo, días atrás Insaurralde visitó a Báez en la cárcel de Río Gallegos con el objetivo de que firmara documentos relacionados con distintos bienes. Por ello, los fiscales pidieron que, si se detecta nuevamente ese poder, sea retenido por las autoridades penitenciarias y remitido al tribunal.
Además, la solicitud apunta también a Cristina Kirchner y Nelson Periotti, quienes fueron beneficiados con prisión domiciliaria.
MONTO ACTUALIZADO A DEVOLVER
El Tribunal Oral Federal 2 recibió el informe actualizado de los peritos contables de la Corte Suprema: la cifra que deberán devolver los condenados asciende a $ 684.990.350.139,86, por los perjuicios económicos ocasionados al Estado.
Los peritos utilizaron el Índice de Precios al Consumidor del INDEC publicado hasta mayo de 2025 para calcular el valor actualizado desde diciembre de 2022.
Una vez notificados, los condenados tendrán 10 días hábiles para devolver la suma total establecida. En caso de incumplimiento, la Justicia avanzará con la ejecución y subasta pública de los bienes.
