En la jornada de este martes, el indicador elaborado por JP Morgan registró su nivel más bajo desde junio de 2018.

La medida se concretó a través de una resolución oficial. Las entidades no se encontraban prestando servicios. 

Según trascendió, se destinarán a mejoras focalizadas en subsidios, promover la eficiencia del uso de recursos y otras medidas.

Se dejó sin efecto el control que utilizaba etiquetas y fajas físicas.

El Ministerio de Seguridad confirmó que la sentencia quedó suspendida tras la apelación y que la normativa puede seguir aplicándose hasta que se expida la Cámara Federal.

Así lo confirmó Guillermo Francos a través de sus redes sociales. Luego, mediante un comunicado, Gobierno ratificó la renuncia y anunció al vocero presidencial como reemplazo.

El país busca revertir el fallo que lo condenó a abonar más de US$ 16 mil millones de dólares por la expropiación de la petrolera en el año 2012.

Los datos surgen de un decreto publicado este viernes. Los recursos llegarían en noviembre.

Al igual que la emergencia en discapacidad, las normas fueron promulgadas, pero su aplicación se condicionó a la aprobación de partidas presupuestarias.