Se trata de una persona que trabajó en el departamento de Puerto Madero antes de mudarse a la quinta de Olivos, donde lo conoció a Fernández durante varios años.

El proceso es complejo debido a que la ex primera dama reside en España. Se solicitó la autorización del juez Ercolini, y, además, es necesaria la colaboración de fiscales en Madrid para realizar una copia del teléfono.

Daniel Rodríguez, testigo clave en la denuncia por violencia de género, declaró en Comodoro Py y sostuvo que no tenía conocimiento de supuestos golpes del ex presidente hacia la ex primera dama.

Declarará Daniel Rodríguez, colaborador de Alberto Fernández desde hace más de 20 años. Su testimonio es relevante ya que se trata de la autoridad del lugar donde ocurrieron buena parte de los hechos denunciados. 

El nuevo material podría ser utilizado por la denunciante en su defensa, en caso de que el expresidente, a partir de ahora en el ámbito judicial, continúe promoviendo la versión de una supuesta "extorsión" financiera por parte de la ex primera dama.

María Cantero habló en favor de Fabiola Yáñez y reconoció la veracidad de las conversaciones que están en el expediente

La declaración se conoció gracias a los mensajes que le mandó el exmandatario a su expareja el 28 de junio, cuando ella decidió no hacer la demanda por violencia de género.

Se trata de Valeria Yolanda Arauja, quien fue designada por el exmandatario en Neuroelectrica, una empresa de generación eléctrica que opera en Atucha I y II.

María Cantero será una de las dos testigos que presten declaración esta mañana, en la causa que involucra al exmandatario nacional y a su ex esposa.

Así, el ex mandatario afirmó que Pettinaro es "una persona a quien conozco hace muchos años, sé de su integridad y solo mantuvo un almuerzo conmigo tras un reportaje".

El exmandatario denunció a su ex esposa por haber dado a conocer los videos donde se lo ve a él y a Tamara Pettinato en el despacho presidencial.

El decreto que había sido firmado por Alberto Fernández está en un proceso de investigación debido a presuntos hechos de corrupción con los intermediarios.