El ministro Julio Ferro ingresó la iniciativa en la Legislatura y aseguró que el Estado no debe pagar sueldos a representantes sindicales que no cumplen funciones en la administración pública.

Este régimen ofrece beneficios impositivos y cambiarios a inversiones superiores a los 200 millones de dólares, buscando atraer capitales para proyectos de largo plazo.