El fondo buitre exige acciones de empresas públicas para saldar un fallo del default, pero el Gobierno sostiene que son bienes protegidos y que no cumplen los requisitos para un embargo en tribunales estadounidenses.

En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la jueza norteamericana desestimó otro pedido del país en la causa que ya lleva más de diez años.

Con esto, el país evita un pago de unos USD 1.400 millones.