Argentina busca frenar en EE.UU. el embargo de acciones de Aerolíneas y Banco Nación
El fondo buitre exige acciones de empresas públicas para saldar un fallo del default, pero el Gobierno sostiene que son bienes protegidos y que no cumplen los requisitos para un embargo en tribunales estadounidenses.
El Gobierno argentino presentó un escrito ante la jueza federal estadounidense Loretta Preska para bloquear el intento del fondo buitre Bainbridge de ejecutar una sentencia de 95 millones de dólares mediante la entrega de acciones de Aerolíneas Argentinas y del Banco Nación, dos compañías donde el Estado posee el 100% del capital.
El reclamo del fondo, formulado en septiembre, apunta a cobrar una sentencia derivada del default de 2001. Ese fallo fue emitido en 2020 y, según Bainbridge, debería darle "prioridad" de cobro por haber sido anterior al caso de la expropiación de YPF, que favoreció a los fondos Petersen y Eton Park. Aun así, el fondo nunca ingresó a ninguno de los canjes de deuda ofrecidos por la Argentina desde 2005.
Qué pidió Bainbridge
En su presentación, el fondo exigió tres medidas concretas: que el Estado entregue acciones de Aerolíneas Argentinas y del Banco Nación, que luego esos activos sean depositados en una entidad financiera de Nueva York y que la titularidad sea transferida al fondo para saldar la sentencia.
El planteo reactivó la tensión entre la Argentina y los denominados fondos buitre, que históricamente buscaron embargar o ejecutar activos públicos en tribunales extranjeros para forzar cobros.
Los argumentos del Gobierno
La Procuración del Tesoro rechazó el pedido, apoyándose en fundamentos similares a los utilizados para frenar intentos de embargo en el caso YPF. Entre ellos:
- Las acciones de Aerolíneas Argentinas están protegidas por ley, que dispone que deben ser de propiedad estatal exclusiva
- El Banco Nación no posee acciones transferibles, ya que se trata de un ente autárquico.
- Ambos activos no califican como embargables bajo la legislación estadounidense que regula bienes soberanos.
El Gobierno también recordó que su postura en la disputa por YPF recibió el respaldo de nueve países —incluido Estados Unidos—, lo que, según fuentes oficiales, refuerza la idea de que los activos estratégicos de carácter público no pueden ser objeto de embargo.
Un pedido adicional a la jueza Preska
Como estrategia procesal, la Argentina pidió que, si Preska no rechaza el reclamo de inmediato, aplacen cualquier decisión hasta que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito se expida sobre un planteo similar presentado por los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF.
Ahora, Bainbridge deberá responder al escrito argentino antes de que la jueza decida. El caso vuelve a encender la disputa con los fondos buitre, mientras el Gobierno busca blindar los activos públicos esenciales ante nuevos intentos de embargo en tribunales de Estados Unidos.
