Catorce procesados por asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad en Chaco
Se trata de un exfiscal y exintegrantes de fuerzas de seguridad. Juezas federales confirmaron el procesamiento con prisión preventiva.
La Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento con prisión preventiva para 14 imputados por el delito de asociación ilícita destinada a cometer crímenes de lesa humanidad en la provincia del Chaco durante la última dictadura cívico-militar. La lista está integrada por un exfiscal y exmiembros del Ejército, la Policía y el Servicio Penitenciario.
La medida fue tomada de forma unánime por las juezas Rocío Alcalá, María Virginia Ise y Patricia García. La resolución consta de 160 páginas y fue dictada el 12 de septiembre pasado.
En este marco, quedaron procesados como coautores de asociación ilícita el ex fiscal federal Roberto Mazzoni; el ex jefe de Guardia de la Cárcel Federal U7, Pablo Casco; los militares retirados teniente primero Luis Alberto Patetta, tenientes coroneles Aldo Martínez Segón, Germán Emilio Riquelme y Tadeo Bettolli y los coroneles Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Jorge Carnero Sabol. A estos se suman el ex comisario general José Francisco Rodríguez Valiente, el ex suboficial mayor Gabino Manader, el ex suboficial principal Jorge Ángel Ibarra y el ex sargento José Marín, quienes integraban la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco.
Los 13 procesados cumplen actualmente condenas en el marco de otras causas por delitos de lesa humanidad en los juicios Caballero 1, 2 y 3, Margarita Belén, Conscriptos, Ligas Agrarias y Complicidad Judicial 1 y 2.
En 2024 y 2025, la Fiscalía Federal amplió el requerimiento de instrucción, extendió el alcance de las imputaciones y fortaleció la hipótesis acusatoria sobre la existencia de una organización criminal estatal, jerarquizada, con división funcional de tareas y permanencia en el tiempo, destinada a la comisión de múltiples crímenes de lesa humanidad.
FUNDAMENTOS
En su resolución, las juezas señalan que el pronunciamiento se ajusta a los lineamientos fijados por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló los sobreseimientos; en cuanto a la necesidad de abordar los hechos en su contexto histórico y efectuar una valoración integral del material probatorio, incluyendo las constancias de causas conexas y los testimonios de las víctimas.
En tanto en cuanto al contexto histórico y temporal, las magistradas indicaron que "los hechos deben ser examinados en el marco del terrorismo de Estado instaurado en la República Argentina a partir del 24 de marzo de 1976, dentro de un proceso previo de progresiva militarización de la seguridad interior que, ya desde 1975, había transferido a las Fuerzas Armadas la conducción de las acciones dirigidas contra la denominada ‘subversión’".
En ese marco, reseñaron que "el aparato estatal desplegó en todo el territorio nacional un sistema represivo orientado a la persecución de personas identificadas como opositoras políticas, sindicales, estudiantiles o sociales, mediante prácticas que incluyeron detenciones ilegales, cautiverios clandestinos, tormentos, traslados no registrados y, en numerosos casos, la desaparición o eliminación física de las víctimas".
Respecto de la situación en la provincia del Chaco, las juezas sostuvieron: "El dispositivo represivo se desarrolló bajo conducción militar y con intervención de diversas agencias estatales, entre ellas fuerzas policiales, organismos penitenciarios y estructuras de inteligencia. Dentro de ese marco, distintas dependencias estatales de la jurisdicción fueron utilizadas para la detención, alojamiento, traslado e interrogatorio de personas perseguidas por motivos políticos o ideológicos, en una dinámica que excedió la actuación aislada de agentes individuales y se insertó en un esquema de represión ilegal de alcance más amplio".
Más adelante, la resolución hace un minucioso y extenso examen de las responsabilidades individuales de cada imputado para retomar finalmente un análisis de conjunto; consideran "la existencia de una asociación ilícita de carácter estatal, dotada de permanencia, inserta en una estructura jerarquizada, con distribución funcional de tareas y orientada a la comisión de una pluralidad de delitos de lesa humanidad".
Finalmente, las magistradas concluyen: "Esta construcción no surgiría de un razonamiento abstracto, sino del examen de los hechos acreditados: el funcionamiento del Área Militar 233, la articulación con la Brigada y la Dirección de Investigaciones, la actuación de la "patota", la intervención de funcionarios judiciales en el sostenimiento o encubrimiento del circuito represivo, y la proyección operativa de ese entramado en hechos paradigmáticos como la Masacre de Margarita Belén".
