María Soledad, 36 años después: el crimen que sacudió el poder en Catamarca
La adolescente tenía 17 años cuando desapareció después de una fiesta estudiantil, en septiembre de 1990. Dos días más tarde encontraron su cuerpo. El caso derivó en movilizaciones masivas, denuncias de presiones políticas, la intervención federal de Catamarca y el final de una etapa del saadismo.
María Soledad Morales tenía 17 años cuando desapareció durante las primeras horas del 8 de septiembre de 1990, después de participar de una fiesta organizada por estudiantes. Dos días más tarde, su cuerpo fue encontrado en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca.
Lo que comenzó como la investigación por la muerte de una adolescente terminó convirtiéndose en uno de los casos que más profundamente expusieron las relaciones entre poder político, justicia y fuerzas de seguridad en la Argentina de los años 90.
Desde los primeros días, la investigación quedó rodeada de sospechas. Entre los principales señalados apareció Guillermo Luque, hijo del entonces diputado nacional Ángel Luque, junto con otros jóvenes vinculados a familias con influencia política y policial. Así comenzó a instalarse una expresión que marcaría el caso: "los hijos del poder" .
UNA INVESTIGACÍON MARCADA POR SOSPECHAS
La causa estuvo marcada por cambios de jueces, recusaciones, renuncias y denuncias sobre presuntas presiones políticas.
Uno de los episodios más controvertidos fue la acusación de un magistrado que sostuvo que había recibido presiones del entonces gobernador Ramón Saadi para orientar la investigación contra Luis Tula. También surgieron cuestionamientos relacionados con el manejo de la escena del crimen y la posible alteración o pérdida de elementos de prueba.
La creciente desconfianza en la investigación judicial llevó el caso mucho más allá de los tribunales.
MARCHAS DEL SILENCIO
La familia de María Soledad, acompañada por la religiosa Martha Pelloni, comenzó a encabezar las Marchas del Silencio . Las movilizaciones se multiplicaron y convirtieron el reclamo de justicia en un fenómeno social y político de alcance nacional.
Las calles de Catamarca se transformaron en el escenario de una protesta sostenida contra la impunidad y contra lo que sectores de la sociedad consideraban un intento de proteger a personas vinculadas al poder.
La presión social terminó teniendo consecuencias políticas.
El gobierno nacional de Carlos Menem decidió intervenir la provincia de Catamarca. Ramón Saadi dejó la gobernación y comenzó el final de una etapa de fuerte predominio del saadismo en la provincia.
UN PRIMER JUICIO ANULADO Y UN SEGUNDO PROCESO
El primer juicio por el crimen fue posteriormente anulado. El segundo debate oral comenzó en 1997 y se extendió durante 87 jornadas.
El 27 de febrero de 1998 llegó la sentencia.
Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión como coautor del delito de violación agravada seguida de muerte con el uso de estupefacientes.
Luis Tula recibió una pena de 9 años de prisión como partícipe secundario del delito de violación.
La sentencia fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2002.
Otros jóvenes que habían aparecido inicialmente bajo sospecha, entre ellos Pablo y Diego Jalil, Arnoldo Saadi y Miguel Ferreyra, no fueron condenados por el crimen.
CAMBIÓ LA HISTORIA POLÍTICA DE CATAMARCA
El crimen de María Soledad quedó instalado como mucho más que una causa penal. La investigación, las denuncias de interferencias, las movilizaciones y la intervención federal expusieron las tensiones existentes entre las instituciones y el poder político provincial.
Por eso, 36 años después, el caso continúa siendo considerado un punto de inflexión en la historia reciente de Catamarca.
María Soledad tenía 17 años cuando desapareció. Su muerte provocó una de las movilizaciones sociales más fuertes de la Argentina de aquella época y terminó provocando consecuencias que alcanzaron al gobierno provincial, a la Justicia y a toda una estructura política.
El crimen nunca dejó de estar asociado a una pregunta que atravesó aquellos años: qué ocurre cuando el poder político queda bajo sospecha de interferir en la búsqueda de justicia.
