Tras un fallo de la Justicia, ANSES le restituirá la pensión por viudez a Cristina Kirchner
El organismo aseguró que cumplirá con el fallo pero apelará la decisión.
La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restituir de manera provisoria la pensión por viudez de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien volverá a percibir el beneficio a partir de agosto, pese a la condena firme que pesa en su contra en la causa Vialidad.
De acuerdo con la notificación presentada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el haber bruto mensual será de $15.683.154,06, al que luego se le aplicarán los descuentos correspondientes por obra social e impuesto a las ganancias.
La prestación corresponde a la pensión derivada del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, uno de los beneficios previstos por la Ley 24.018. En cambio, continúa suspendida la asignación vitalicia que percibía por haber ejercido la Presidencia de la Nación.
La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de la Seguridad Social, que en febrero revocó el rechazo de la medida cautelar dictado en primera instancia y autorizó el restablecimiento del beneficio mientras se resuelve el fondo de la demanda iniciada por la exmandataria contra la resolución que dispuso la baja de sus asignaciones.
Los camaristas fundamentaron la medida en el carácter alimentario de la prestación y consideraron suficiente la caución juratoria presentada por Cristina Kirchner, pese a que la ANSES había solicitado una garantía patrimonial.
El organismo previsional informó que cumplirá con la orden judicial, aunque mantendrá su postura y continuará apelando la decisión ante las instancias superiores.
La controversia se originó luego de que, en noviembre de 2024, la ANSES resolviera dar de baja tanto la pensión por viudez como la asignación vitalicia de expresidenta, tras la condena firme dictada contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que incluyó una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En los últimos días, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema debería intervenir en el caso y sostuvo que la condena por corrupción resulta incompatible con el cobro de este tipo de beneficios, al considerar que permitir el pago afectaría el principio de cosa juzgada. La decisión final quedará ahora en manos del máximo tribunal.
