La Corte dejó firme la cautelar que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento
El máximo tribunal de Justicia rechazó la apelación del Gobierno y mantuvo vigente la medida cautelar que ordena actualizar salarios universitarios y reforzar las becas estudiantiles.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. De esta manera, se mantiene la orden de actualizar los salarios docentes y no docentes, además de recomponer los fondos destinados a becas y programas académicos.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los recursos presentados por el Poder Ejecutivo en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/2025.
El máximo tribunal fundamentó su resolución en una cuestión procesal. Según indicó, la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano no estaba dirigida contra una sentencia definitiva, requisito indispensable para que la Corte pueda intervenir mediante un recurso extraordinario.
Cabe mencionar que, la resolución no resuelve el conflicto de fondo, que gira en torno a la validez del decreto mediante el cual el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a la definición de fuentes específicas de financiamiento. Esa discusión continuará tramitándose en instancias judiciales.
La cautelar había sido impulsada por el CIN y distintas universidades nacionales a través de un amparo colectivo. El planteo busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, al considerar que limita la aplicación de una norma sancionada por el Congreso.
Si bien la decisión judicial mantiene vigente la obligación de cumplir con los artículos cuestionados, su impacto económico inmediato es limitado. El pasado 10 de junio, el Gobierno, las universidades y los gremios acordaron una recomposición salarial del 24,33%, aumentos para gastos de funcionamiento y una actualización del 50% en las Becas Manuela Belgrano, medidas que ya contemplaban buena parte de los reclamos incluidos en la causa.
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