Caso "No Me Olvides": ordenan resolver la reparación económica para tres víctimas
Se dictaminó que el Tribunal Oral Federal de Resistencia se encargue de la gestión de manera más expeditiva.
La Sala I hizo lugar al recurso de la Defensoría Pública de Víctimas y anuló la decisión del Tribunal Oral Federal de Resistencia que había derivado el reclamo de tres víctimas de una reconocida causa de trata a la justicia civil. Ahora, el propio Tribunal deberá ejecutar las reparaciones de manera más expeditiva.
La compensación surge de la sentencia dictada en 2021, en la causa conocida como "No Me Olvides". Tras el juicio, se condenó a Elida Mambrín y tres colaboradoras por el delito de trata de personas. En la causa se expuso que, mediante la organización, captaban a las víctimas con ofertas laborales en el Estado y luego las explotaban sexualmente. Rolando Juan Vallejo, pareja de Mabrín, también estuvo investigado, pero se quitó la vida en el año 2020 tras estar prófugo de la Justicia.
En la sentencia también se había determinado el pago de compensaciones económicas a tres víctimas: D.A.M., G.M.Y.O. y S.K.N. equivalentes a 12 salarios mínimos, vitales y móviles, más intereses. A una de las víctimas, además, se le reconoció una reparación de un millón de pesos por daño psicológico.
Luego de que la sentencia fuera confirmada, en junio de 2022, las damnificadas solicitaron la ejecución de las reparaciones definidas. En ese momento, el TOF dispuso distribuir el dinero depositado en la causa, pero ordenó que cualquier otro reclamo vinculado con la reparación económica fuera canalizado ante la justicia civil.
Esta decisión fue recurrida por la Defensoría Pública de Víctimas, señalando que esto afectaba el derecho de las víctimas y que las obligaba a iniciar un nuevo proceso civil, entre otros planteos.
Tras el debido proceso, el pasado 8 de mayo el fiscal general Javier De Luca, de la Fiscalía N°4 ante Casación, pidió revocar la decisión del tribunal chaqueño y permitir que fuera el propio TOF el que ejecutara las reparaciones de manera más expeditiva.
Entre los fundamentos, señalaron el valor de resguardar los derechos de las víctimas teniendo en cuenta el contexto de vulnerabilidad y garantizar la debida y ágil aplicación de las normas.
