Imputaron a cuatro personas por una "cueva" financiera que operaba en Resistencia
La causa se originó tras el secuestro de $357 millones ocultos en un vehículo que viajaba hacia Buenos Aires. La Justicia investiga una estructura dedicada a la compra y venta ilegal de divisas.
Cuatro personas fueron imputadas por la Justicia federal en el marco de una investigación por presunto lavado de activos e intermediación financiera no autorizada que tendría como base de operaciones una "cueva" financiera en la ciudad de Resistencia.
La causa se inició a fines de marzo de 2025, luego de que efectivos de Gendarmería Nacional secuestraran $357.210.000 ocultos en un vehículo que circulaba desde la capital chaqueña con destino a la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del paraje El Timbó, en jurisdicción de Avellaneda, en el norte de Santa Fe.
La investigación está a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, encabezada por el fiscal Roberto Salum y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda.
Ambos formalizaron la imputación contra cuatro hombres y también contra una sociedad por acciones simplificada dedicada a la venta de repuestos para autos y motos en Resistencia, que según los investigadores funcionaba como fachada para operaciones financieras ilegales.
Durante la audiencia, el juez de Garantías Aldo Mario Alurralde dispuso un embargo cautelar por 2.000 millones de pesos sobre los implicados, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.
El operativo que dio origen a la causa se produjo cuando gendarmes detuvieron un Toyota Corolla Cross y detectaron irregularidades en el interior del vehículo, especialmente en los plásticos cercanos a la palanca de cambios, que presentaban signos de manipulación.
Con autorización judicial se realizó una requisa del rodado. En ese momento, el propio conductor indicó a los agentes cómo desmontar algunas piezas del tablero para evitar daños. Al retirar los paneles quedaron al descubierto compartimientos especialmente acondicionados donde estaban ocultos los fajos de dinero.
Los billetes se encontraban distribuidos detrás de la salida del aire acondicionado y del sistema de sonido, debajo del volante, en la gaveta y en el sector de la palanca de cambios.
Según la fiscalía, el traslado del dinero no fue un hecho aislado sino parte de un circuito "regular, reiterado y coordinado". El vehículo pertenecía a uno de los socios de la empresa investigada y había sido acondicionado para ocultar el efectivo.
Los investigadores también detectaron que los involucrados habían confeccionado un documento titulado "autorización para el uso de automóvil y administración de dinero", certificado por escribano el 20 de marzo de 2025, mediante el cual se habilitaba al conductor a transportar hasta 800 millones de pesos. Para la fiscalía, este documento funcionaba como una posible cobertura ante eventuales controles.
Además, el análisis de movimientos del vehículo reveló una frecuencia inusual de viajes. Según los registros, el automóvil se desplazaba cada dos días hacia provincias como Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, recorridos que no coincidían con la actividad comercial declarada por la empresa.
En un allanamiento realizado el 18 de febrero en la sede de la firma en Resistencia, los investigadores secuestraron ocho millones de pesos, máquinas contadoras de billetes con detector, llaves de vehículos y talonarios de recibos y pagarés tanto en pesos como en dólares.
Con estos elementos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que existía una estructura organizada dedicada al transporte, ocultamiento y posterior inserción de dinero de origen ilícito en el circuito legal.
El juez Alurralde formalizó la investigación, fijó un plazo de un año para profundizarla debido a la complejidad del caso y dispuso medidas de coerción personal y patrimonial contra los imputados.
