Quedó promulgada la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años
Mediante el Decreto 138/2026, la normativa fue publicada en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801 que implementa un nuevo Régimen Penal Juvenil y baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. Mediante el Decreto 138/2026, la normativa fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El debate de la ley se realizó recientemente y finalmente fue aprobada en el Senado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. En su texto introduce cambios en el tratamiento penal de los adolescentes que cometen delitos y establece un sistema de sanciones que varía según la edad y las circunstancias del hecho.
Además, plantea que el régimen de penas deberá priorizar la educación, la resocialización y la reintegración social del adolescente, a fin de reducir la reincidencia. En ese marco, la ley determina que la privación de la libertad deberá aplicarse solo como último recurso y por el tiempo más breve posible.
De la misma forma, la ley prohíbe penas perpetuas o de duración indefinida para menores de edad, así como la imposición de antecedentes penales permanentes. En tanto, dispone que cualquier medida de restricción de libertad durante el proceso deberá estar debidamente fundamentada por la Justicia en función de riesgos procesales.
En el caso de resultar necesario el encierro de un adolescente, deberá cumplirse en establecimientos especialmente acondicionados y bajo supervisión de personal capacitado. En referencia a este punto, queda prohibido alojarlos junto a personas adultas.
En otra parte, insta a que los procesos judiciales sean con mayor rapidez cuando se trate de casos juveniles, especialmente cuando el imputado se encuentre detenido.
La normativa también habla de los menores inimputables; en esos casos, la intervención judicial deberá orientarse a aplicar medidas protectoras o terapéuticas, bajo la órbita de la justicia civil.
Otro de los puntos destacados es el reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas. La normativa garantiza que puedan ser informadas sobre el avance de las causas, participar en las distintas etapas del proceso y solicitar medidas de protección.
