El Gobierno apeló el fallo y ratificó la vigencia del protocolo antipiquetes
El Ministerio de Seguridad confirmó que la sentencia quedó suspendida tras la apelación y que la normativa puede seguir aplicándose hasta que se expida la Cámara Federal.
El Gobierno nacional apeló el fallo del juez federal Martín Cormick que había declarado la nulidad del protocolo antipiquetes y aseguró que la normativa continuará vigente y aplicándose mientras la Cámara Federal resuelve la apelación.
Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien señaló que el recurso fue concedido "con ambos efectos", lo que implica la suspensión de la sentencia judicial.
Desde el Ministerio de Seguridad informaron que, al quedar en suspenso el fallo, el protocolo antipiquetes puede seguir utilizándose con normalidad. "Mientras tanto, el protocolo se puede seguir aplicando", remarcaron desde la cartera nacional.
La medida judicial había surgido a partir de un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestionó la constitucionalidad del protocolo diseñado durante la gestión de Patricia Bullrich.
En su resolución, el juez Cormick sostuvo que la Resolución 943/23 era ilegítima y carecía de los requisitos necesarios para ser considerada un acto administrativo válido.
No obstante, tras la apelación del Gobierno, esa decisión quedó suspendida. A través de su cuenta en la red social X, Monteoliva celebró la resolución judicial: "El protocolo sigue vigente y puede aplicarse. La Justicia concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba su nulidad".
La ministra también defendió con firmeza la política de seguridad del Ejecutivo y aseguró que no habrá marcha atrás. "El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras", afirmó, y agregó que el protocolo cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos.
En su fallo original, el juez había indicado además que las personas que se consideren afectadas por la aplicación del protocolo podrán realizar denuncias individuales ante la Justicia Penal. Mientras tanto, el debate sobre la legalidad y el alcance del protocolo antipiquetes continuará en el ámbito judicial, a la espera de la definición de la Cámara Federal.
