El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes por más de $ 7.000 millones
Detectaron irregularidades en los meses de agosto y septiembre y falta de aportes desde diciembre de 2024.
El Gobierno nacional denunció penalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto superior a los 7.000 millones de pesos.
La denuncia fue presentada este viernes por la DGI, organismo conducido por Andrés Vázquez, ante el Juzgado de Garantías en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Amarante. La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron delitos y las eventuales responsabilidades penales.
Según consta en la denuncia, la irregularidad surge de un informe elaborado por la jefa de la División Penal del sector de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Vidal, en el que se advierten incumplimientos en el ingreso de aportes previsionales e impositivos correspondientes a los meses de agosto y septiembre.
Según la información aportada por la División Recaudación Grandes Contribuyentes, las retenciones impositivas no ingresadas en término ascienden a $916.005.301,41, discriminadas entre IVA, Impuesto a las Ganancias y Ganancias , Artículo 79.
A ello se suman $6.677.898.210,82 correspondientes a contribuciones de la seguridad social practicadas y depositadas fuera del plazo legal entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025. De esta manera, la pretensión punitiva total alcanza los $7.593.903.512,23.
Como principal responsable se identifica a Claudio Fabián Tapia, en su carácter de presidente de la entidad, agente de retención y administrador de la clave fiscal. Desde ARCA sostienen que la conducta encuadra en la figura penal de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, al haberse verificado la retención de los fondos, la capacidad de la entidad para efectuar el pago y la omisión del depósito dentro de los plazos legales.
El análisis jurídico cita el precedente "Lambruschi" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que define este delito como de omisión instantánea, consumado en el momento en que debió realizarse el ingreso de los fondos. Además, el escrito remarca que los montos retenidos no constituyen recursos propios de la entidad y que su utilización para otros fines implica un financiamiento indebido.
La denuncia advierte también que el incumplimiento fiscal afecta directamente la recaudación y pone en riesgo el financiamiento de las funciones esenciales del Estado, motivo por el cual se solicitó la intervención de la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
