Un informe advierte que el 34% de los niños argentinos sufre castigos físicos
Profesionales aseveran que esto produce daños severos en la salud mental y reclama más prevención estatal.
En el marco del Día Mundial de la Infancia, un informe del Observatorio del Desarrollo Humano de la Universidad Austral reveló una cifra alarmante: el 34% de los niños argentinos recibe castigos físicos o maltrato, una práctica que deja huellas profundas en su salud mental y emocional.
La psicóloga y magíster en Neurociencias y Educación Victoria Bein explicó a Infobae que los niños expuestos a situaciones de violencia atraviesan un cuadro de estrés tóxico, caracterizado por niveles elevados y sostenidos de cortisol.
"Cuando esta hormona se mantiene alta más allá de lo adaptativo, se vuelve neurotóxica. Daña la arquitectura del cerebro en etapas críticas, afecta las espinas dendríticas, reduce la calidad de las sinapsis e incluso puede provocar muerte neuronal", precisó.
Las zonas más afectadas son el hipocampo, la corteza prefrontal y la amígdala, regiones asociadas al aprendizaje, la memoria, la regulación emocional y el control de la conducta.
Por eso, los niños víctimas de maltrato presentan con mayor frecuencia ansiedad, depresión, dificultades de atención, desregulación emocional, problemas cognitivos y desafíos para establecer vínculos seguros.
El informe también advierte que estos episodios incrementan el riesgo de ideación y conductas suicidas en la adolescencia. De hecho, en 2023 el suicidio fue la primera causa de muerte entre mujeres de 10 a 19 años y la segunda entre varones del mismo rango etario, según datos del Ministerio de Salud.
Las especialistas señalan que factores sociales y culturales, como la normalización del castigo físico o verbal en la crianza, perpetúan la violencia en los hogares.
En este sentido, María Sol González, investigadora del CONICET y coautora del informe, sostuvo que, aunque hubo avances en visibilización, aún falta una conciencia profunda sobre la necesidad de prevenir la violencia infantil.
"El Estado es internacionalmente responsable por no prevenir el riesgo de violencia. Se invierte mucho más en atender las consecuencias que en evitar el daño, lo cual es ineficaz y más costoso", subrayó.
Las expertas coincidieron en que es urgente fortalecer el sistema de protección integral, mejorar la coordinación institucional, capacitar a los profesionales que trabajan con infancia y diseñar un plan nacional de prevención sostenido en políticas públicas y acompañamiento terapéutico temprano.
