Investigan a Lázaro Báez por evadir $240 millones en alquileres no declarados
La DGI detectó más de 50 contratos y 20 propiedades alquiladas entre 2020 y 2025 sin declarar impuestos. La maniobra incluye a sus hijos, su pareja y ex empleados de Austral Construcciones.
Aunque está preso y condenado por lavado de dinero, Lázaro Báez vuelve a quedar bajo la lupa de la Justicia: La Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de ARCA —organismo que reemplazó a la AFIP—, abrió una investigación por presunta evasión fiscal tras detectar que el empresario facturó más de 240 millones de pesos entre 2020 y 2025 por el alquiler de sus propiedades sin declarar los impuestos correspondientes a Ganancias ni Bienes Personales.
Según fuentes del organismo, la maniobra involucra más de 50 contratos y unas 20 propiedades, principalmente en Río Gallegos, Santa Cruz. Los investigadores sospechan que el monto evadido podría ser aún mayor y el expediente ya se encamina hacia una denuncia penal.
La investigación alcanza también a sus hijos Martín y Leandro Báez, a su pareja Claudia Noemí Insaurralde —quien habría cobrado los alquileres en efectivo— y a ex empleados de Austral Construcciones. Dos inmobiliarias, Patagonia Propiedades y otra que operaba bajo los nombres Albert o Master Gestoría Inmobiliaria, admitieron haber administrado los inmuebles del empresario y entregado los fondos a su entorno.
De acuerdo con los investigadores, las firmas funcionaban como intermediarias para cobrar los alquileres y distribuir el dinero, eludiendo los embargos judiciales que pesan sobre Báez. Muchos pagos se realizaban en efectivo o en dólares, pese a que sus cuentas bancarias permanecen congeladas.
Entre los inquilinos aparecen empleados y funcionarios del gobierno santacruceño, incluido Claudio Ángel Kirchner, sobrino lejano del expresidente, y la ex esposa de Germán Nivello, ex funcionario del Ministerio de Planificación y procesado en la causa Cuadernos.
El caso generó movimientos internos en la DGI, con desplazamientos de jefes regionales en Río Gallegos. También se analiza la posible responsabilidad de funcionarias nacionales designadas durante la gestión de Virginia García, ex cuñada de Máximo Kirchner y actual empleada del Senado con licencia en el ente recaudador.
La Justicia busca determinar si Báez y su entorno idearon una red de alquileres ficticios y maniobras de "distracción de fondos" para seguir generando ingresos y evadir al fisco, pese a sus condenas e inhibiciones patrimoniales.
