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Viernes 5 de Diciembre, 2025
 
 
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No detectaron ilícitos ni faltas

Archivan la causa contra el ministro de Salud por contrataciones directas

La denuncia había sido presentada por legisladores de la oposición. Finalmente, la acusación fue desestimada.

Sergio Rodríguez, ministro de Salud.

A través de la Resolución N° 3044/25, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) dio por terminada la investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones directas del Ministerio de Salud Pública, encabezado por Sergio Rodríguez. La causa fue archivada, concluyendo que no se cometieron ilícitos ni faltas administrativas en las medidas analizadas.

La denuncia hacía foco en contrataciones directas por más de 1.600 millones de pesos realizadas durante la emergencia sanitaria. La investigación se centró en los siguientes documentos: Decreto 163/2023, Decreto 81/2024 y 315/2024.

A través de ellos, se declaró y extendió la emergencia sanitaria y epidemiológica en la provincia. Los legisladores del Frente Chaqueño cuestionaron la validez jurídica de estos instrumentos y plantearon que existían inconsistencias en el encuadre legal de las contrataciones.

El Decreto 163/2023 se dictó en el marco de la emergencia de dengue, chikunguña y zika, pero fue encuadrado erróneamente bajo un artículo de la Ley N° 1092-A, que en realidad hace alusión a la adquisición de obras artísticas o científicas.

Una vez advertido esto, se dictó el 81/2024, donde se reencuadró la medida en el inciso correspondiente. Además, amplió la emergencia por un año más.

Por último, el 315/2024 renovó la emergencia sanitaria por otros seis meses, encuadrando las compras directas realizadas en ese período. A fines de abril de 2024, fue ratificado por la Cámara de Diputados a través de la Ley N° 4004-A.

Basándose en el aval legislativo, el fiscal general de Investigaciones Administrativas, Gustavo Leguizamón, entendió que las contrataciones contaban con respaldo legal. En su conclusión, señaló que no existían elementos que acreditaran irregularidades o perjuicio económico al Estado y que las compras tenían respaldo en normativa vigente.

Finalmente, indicó archivar la causa "por no hallarse comprobada la responsabilidad de parte de funcionario o empleado alguno, ni se ha detectado comisión de hecho ilícito ni falta administrativa, que hubieren causado algún perjuicio al erario público".

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