Leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica: postergan su aplicación
Al igual que la emergencia en discapacidad, las normas fueron promulgadas, pero su aplicación se condicionó a la aprobación de partidas presupuestarias.
Este martes, el Gobierno Nacional promulgó las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica que prevén mejoras en recursos y recomposiciones salariales para ambos sectores. A la vez, su aplicación fue suspendida hasta que el Congreso de la Nación delimite el financiamiento e incluya las partidas en el Presupuesto Nacional.
A través de los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo pospuso la aplicación de ambas legislaciones, fundamentando que afectan el equilibrio fiscal. Según estos instrumentos, la decisión se fundamenta en el artículo 5 de la Ley 24.629, que detalla que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos" y que "en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".
La Ley de Financiamiento Universitario establece, entre otros puntos, la actualización automática de los gastos de financiamiento, a fin de garantizar el sostenimiento de la educación universitaria en todo el país. También prevé la recomposición salarial de docentes y no docentes, la convocatoria obligatoria a paritaria nacional y la revisión y fortalecimiento de programas de becas estratégicas, entre otros puntos.
Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica establece el acceso equitativo y de calidad a servicios de salud pediátrica, incluyendo hospitales de referencia y prácticas de alta complejidad. Además, refiere a una recomposición salarial mínima equivalente a noviembre de 2023 para residentes y profesionales de la salud y plantea priorizar recursos para programas críticos como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugía cardíaca infantil.
Cabe recordar que ambas fueron ratificadas por la Cámara de Diputados y de Senadores pese al veto del presidente Javier Milei. En la práctica, tanto universidades públicas como hospitales pediátricos deberán esperar la asignación presupuestaria antes de recibir los beneficios que las leyes establecen.
