Visitar a Cristina Kirchner requerirá autorización judicial, incluso para legisladores

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió que diputados y senadores nacionales que deseen visitar a Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria deberán solicitar autorización judicial previa, al igual que cualquier otra persona fuera del entorno autorizado.

La decisión fue tomada tras una presentación de legisladores de Unión por la Patria que afirmaron que, por su rol institucional, visitarían a la ex mandataria "cuando lo consideraran necesario". Frente a esto, la defensa de Cristina Kirchner solicitó al tribunal una aclaración sobre el régimen de visitas para autoridades con fueros parlamentarios.

El pedido fue rechazado por el juez Jorge Gorini, quien recordó que el régimen de prisión domiciliaria ya contempla un listado de personas autorizadas a ingresar sin requerir permiso judicial, entre ellas familiares, médicos, abogados y custodios. "Toda otra visita requiere autorización solicitada por la defensa, en forma habitual y de estilo", sostuvo el magistrado.

Asimismo, el tribunal calificó como "manifiestamente impertinente" el pedido de establecer criterios generales sobre futuras visitas, al considerar que implicaría anticipar decisiones sin conocer los casos concretos.

En paralelo, la Justicia recibió más de mil correos electrónicos de personas que solicitaron visitar a la ex presidenta, luego de que el abogado Gregorio Dalbón difundiera públicamente la dirección de correo del tribunal. Sin embargo, se aclaró que esas solicitudes no serán respondidas, ya que cualquier pedido de visita debe ser gestionado por la defensa.

La defensa de Cristina Kirchner apeló la decisión del tribunal sobre el régimen de visitas, y la Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el próximo 7 de julio, donde se escucharán los argumentos antes de resolver. También podrían intervenir sobre la decisión que le impuso la tobillera electrónica, e incluso sobre la propia concesión de la prisión domiciliaria, cuestionada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

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