Cristina Kirchner quedará detenida en su casa y no irá a la movilización del miércoles
Cristina Fernández de Kirchner será notificada este martes de su prisión domiciliaria, lo que impedirá su participación en la movilización convocada para este miércoles por sectores del Partido Justicialista. Así lo confirmaron fuentes del Gobierno quienes indicaron que la notificación será realizada de forma remota, a través de una audiencia por Zoom, para evitar su traslado a Comodoro Py.
La medida será dispuesta por el juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal N°2, quien ya trabaja en los detalles de la resolución. La decisión se da en el contexto del rechazo que expresaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían solicitado mantener la orden original de detención. Sin embargo, el juez avanzó en sentido contrario y resolvió permitir que la expresidenta cumpla arresto en su departamento del barrio porteño de Constitución.
El plazo para que Cristina se presentara voluntariamente en los tribunales vencía este miércoles. Con la notificación domiciliaria, se dará por cumplida esa instancia sin necesidad de traslado físico, lo que desactiva una de las imágenes más esperadas por militantes y medios: su ingreso a Comodoro Py.
La prisión domiciliaria incluirá custodia presencial de fuerzas de seguridad y ciertas restricciones, como la prohibición de reuniones políticas masivas en el domicilio. No obstante, no se instalará tobillera electrónica, por falta de dispositivos, y no habrá limitaciones para que la expresidenta use redes sociales, dé entrevistas o se exprese públicamente desde su hogar.
Pese a esto, el PJ mantiene firme la convocatoria para concentrar este miércoles a las 10 en Constitución, bajo la consigna "Cristina Libre". Distintos sectores sindicales, sociales y políticos acusan una persecución judicial y denuncian un caso de lawfare contra la exmandataria.
En paralelo, la defensa de Cristina activó una estrategia en el plano internacional: denunció su situación ante la Corte Penal Internacional y prepara una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revertir la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Como antecedente, citan el caso del presidente colombiano Gustavo Petro.
