Echaron a un administrativo público por faltante de vales de combustible en 2022
El hombre era personal de planta del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos.
Tres años después de haberse detectado el faltante de vales de combustible, el gobierno provincial decidió aplicar la sanción más severa del régimen disciplinario a un agente de planta permanente. Se trata de Joel Gonzalo Borges, quien fue cesanteado de su cargo por sustraer vales por un total de 1.200 litros de diésel Infinia en marzo de 2022, cuando se desempeñaba en el Ministerio de Gobierno y Trabajo del Chaco.
El episodio salió a la luz el 4 de marzo de 2022, cuando la directora de Secretaría General de esa cartera fue convocada de urgencia por una irregularidad: se había advertido la desaparición de vales pertenecientes a la firma "Grupo Silvestre". Al tomar intervención, un efectivo policial solicitó la presencia de un testigo para el procedimiento y, en ese contexto, Borges entregó voluntariamente siete planchas con ocho vales cada una (de 20 litros) y media plancha con cuatro vales, sumando exactamente 1.200 litros. Los mismos fueron extraídos de sus prendas personales.
En ese momento, el litro de diésel costaba $ 101,50, lo que equivalía a un perjuicio económico de $ 121.800. Sin embargo, actualizado al precio vigente en 2025, el monto asciende a $ 1.759.200.
Mediante la Resolución N° 0252/22, se abrió un sumario administrativo para investigar su responsabilidad. El proceso avanzó con la recolección de pruebas, su indagatoria a través de la plataforma Tu Gobierno Digital, y la posterior formulación de cargos. Borges presentó sus alegatos con patrocinio letrado y tuvo oportunidad de ejercer su defensa.
En paralelo, la causa judicial caratulada como "Borges Gonzalo Joel s/Hurto" fue archivada en julio de 2024 por decisión del Equipo Fiscal N° 3, al considerarse extinguida la acción penal según el artículo 343 del Código Procesal Penal. Sin embargo, tal como lo establece el Reglamento de Sumarios de la administración pública chaqueña, la falta de condena penal no impide la aplicación de una sanción administrativa cuando existen pruebas suficientes.
La cesantía implica la expulsión definitiva del agente de la administración pública por haber vulnerado los principios de probidad, responsabilidad y compromiso con el servicio estatal. En ese sentido, el decreto firmado por el gobernador Leandro Zdero y publicado en el Boletín Oficial aplicó "la sanción expulsiva de cesantía" al empleado Joel Gonzalo Borges, tras concluir que su conducta transgredió múltiples artículos del Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial.
