Investigan posible daño ambiental en una desmotadora y detienen a dos encargados
Ocurrió durante una inspección en Venados Grandes. Dos hombres intentaron agredir al personal que realizaba el procedimiento y quedaron aprehendidos.
Este jueves por la mañana, una comisión encabezada por la Fiscalía Rural y Ambiental llevó adelante un allanamiento en una desmotadora de algodón ubicada en el paraje Venados Grandes, localidad de Chorotis, con el objetivo de verificar posibles daños ambientales.
La intervención, autorizada por la jueza de Garantías Dra. Yolanda Alvarenga de Gómez Samela, se realizó en las instalaciones de la firma Reiter y Shone SRL. Participaron técnicos de la Subsecretaría de Ambiente y de la Dirección de Fiscalización Ambiental de la provincia, quienes tomaron muestras y realizaron actas de constatación y registro fotográfico para analizar la presencia de partículas contaminantes.
Según el informe oficial, alrededor de las 11:30, dos encargados de la empresa se exaltaron durante el operativo, insultaron al personal actuante y trataron de impedir el procedimiento, llegando a intentar agredir físicamente a los funcionarios.
Ante esta situación, y tras intentar calmarlos sin éxito, se utilizó la fuerza necesaria para reducirlos, colocándoles esposas de seguridad. Ambos fueron conducidos a la Comisaría de Santa Sylvina, donde se los notificó de su aprehensión por el delito de atentado y resistencia a la autoridad. Más tarde recuperaron la libertad bajo condición supeditada.
Antecedentes del caso
Desde hace más de una década, los vecinos de Venados Grandes denuncian los graves efectos ambientales y sanitarios provocados por una desmotadora de algodón instalada en las afueras del pueblo, perteneciente a la firma Reiter y Sohne SRL. La cercanía con la zona urbana, a menos de 500 metros de una escuela, un jardín, un centro de salud y viviendas, expone a la población a un polvillo altamente tóxico que, según vecinos y médicos, ha generado un aumento sostenido de enfermedades respiratorias, irritaciones en la piel y afecciones oculares, sobre todo en niños.
La comunidad asegura que la planta opera sin habilitación municipal y en un predio del ferrocarril, y apunta a la empresa como responsable de "envenenar" el aire y el agua. Pese a múltiples denuncias penales, cartas documentos y asambleas vecinales, la firma nunca accedió al diálogo con las autoridades locales. El caso llegó a la Justicia ambiental y rural, que ya inició actuaciones. Desde la empresa admiten que el polvo sigue presente, aunque aseguran haber hecho obras para mitigar el impacto. Mientras tanto, los vecinos continúan pidiendo el cierre o traslado urgente de la planta para preservar la salud de toda la comunidad.
