Obras fantasmas, coimas, muerte y escándalo: el trasfondo de una polémica judicial
¿Venganza entre hermanos? Se reavivó una causa explosiva que investiga el desvió de fondos millonarios del IPDUV, obras fantasma y vínculos con exfuncionarios.
Surgió un escándalo judicial luego de que el juez federal subrogante de Sáenz Peña, Ricardo Mianovich, ordenara la entrega de bienes decomisados por lavado de dinero a distintos organismos estatales . La decisión, que incluye una camioneta Toyota Hilux y dos inmuebles, despertó una fuerte reacción del fiscal federal Patricio Sabadini, quien denunció "arbitrariedad" y posibles irregularidades en el procedimiento.
Los bienes fueron incautados en el marco de una causa por presunto lavado de activos que tuvo como principal imputado a Omar Naldo Retamozo, fallecido en octubre de 2023 antes de ser juzgado. La investigación había determinado que estos activos tenían un origen ilícito, pero tras la muerte del acusado, el juez Mianovich dictó el decomiso definitivo y la posterior asignación de los bienes: uno de los inmuebles fue destinado al Gobierno del Chaco, otro al Ministerio de Seguridad de la Nación y la camioneta al Tribunal de Cuentas de la provincia.
LA DENUNCIA DEL FISCAL
Para el fiscal Sabadini, la resolución judicial no solo es irregular, sino que además vulnera la normativa vigente. En su escrito de apelación, denunció que el juez actuó sin intervención de organismos claves como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que son los entes facultados por ley para intervenir en estos procedimientos.
Uno de los puntos más cuestionados es la entrega de la camioneta Toyota Hilux al presidente del Tribunal de Cuentas, contador Juan José Fuentes Castillo, quien anteriormente compartió funciones con el propio juez Mianovich. Según el fiscal, el pedido original del Tribunal era para actuar como "depositario judicial" del rodado, no para recibir la propiedad del mismo.
"La actitud extrajurisdiccional tomada por el magistrado debería obligarlo a replantear si su tarea debe ser jurisdiccional o si debe optar por una carrera política. Ser juez y dedicarse a la actividad política son incompatibles en una República", advirtió Sabadini.
EL TRASFONDO: UNA CAUSA MILLONARIA Y FAMILIAR
La causa madre que dio origen a esta controversia judicial no es menor. Se trata de un expediente por lavado de dinero y defraudación al Estado a través de empresas fantasma y facturación apócrifa, iniciado en abril de 2022 a raíz de una denuncia presentada por Ricardo Donato Retamozo contra sus propios hermanos: Rubén Antonio y el fallecido Omar Naldo Retamozo.
La denuncia sostiene que, mediante la empresa "RyA Construcciones", los hermanos Retamozo habrían desviado 27 millones de pesos provenientes del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda del Chaco (IPDUV), destinados originalmente a la ejecución de obras públicas en la localidad de La Clotilde. Esas obras nunca se realizaron, y la empresa figuraba a nombre de Omar pero era operada por Rubén, ex empleado del IPDUV.
Una resolución del 28 de marzo de este año, firmada por las juezas Patricia Beatriz García, Rocío Alcalá y la secretaria María Lorena Re, ratificó el procesamiento de Rubén Retamozo, señalando su rol central en las maniobras y destacando la participación de altos funcionarios del IPDUV. Entre ellos figuran Carmen Elizabeth Argarate, Estela Quiroz de Rodich y Mirta Magda Agüero, quienes habrían facilitado los desvíos de fondos a cambio de sobornos.
El expediente documenta además inconsistencias fiscales de magnitud: en 2011, Rubén declaró ingresos por $ 5.832, pero registró acreditaciones bancarias por más de $ 2 millones. También se detectaron adquisiciones de vehículos de alta gama, un motovelero, inmuebles y viajes internacionales, muchos de ellos a nombre de su esposa, quien no registra actividad laboral.
Además, se investigan maniobras similares a través de otra sociedad, "Construcciones RA", sin actividad económica en AFIP pero con movimientos patrimoniales que incluyen la compra y transferencia de vehículos.
UN CONFLICTO FAMILIAR Y POLÍTICO
La defensa de Rubén Retamozo sostiene que la acusación responde a una venganza personal de su hermano denunciante y que el fallo carece de motivación. A pesar de ello, la Cámara de Apelaciones de Resistencia ratificó la continuidad del proceso, al considerar que existen pruebas suficientes para sostener la hipótesis delictiva.
En este contexto, la entrega de los bienes decomisados no solo generó una controversia legal, sino que también reavivó la tensión entre el juez Mianovich y el fiscal Sabadini, enfrentados anteriormente en la resonante causa contra el dirigente piquetero Ramón "Tito" López.
Ahora será la Cámara Federal de Apelaciones la que deberá decidir si convalida el procedimiento de Mianovich o si, como solicita el fiscal, lo anula por considerarlo violatorio de la ley.
