Sabadini apunta contra Mianovich por la entrega de bienes a organismos estatales
El fiscal federal Patricio Sabidiniapeló una decisión del juez federal Ricardo Mianovich, en la que entregó bienes decomisados de una causa de Lavado de Activos al Tribunal de Cuentas, donde previamente ejercía sus funciones. También otorgó dos inmuebles uno al gobierno provincial y otro al Ministerio de Seguridad de la Nación.
Todo comenzó con el decomiso de los bienes de Omar Naldo Retamozo por la ilicitud de su origen, sin embargo, el acusado falleció y no fue juzgado. La Justicia decidió entonces que los fondos y bienes decomisados debían destinarse para que directa o indirectamente brinden un servicio a la comunidad.
En ese marco el juez Ricardo Mianovich tomó la decisión de entregar una Toyota Hilux al Tribunal de Cuentas, y dos inmuebles uno que fue otorgado al Gobierno de la Provincia del Chaco, y otro al Ministerio de Seguridad de la Nación Cuentas para tareas oficiales.
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Esta medida fue revisada por el fiscal federal Patricio Sabadini quien calificó la decisión judicial como "arbitraria" y sostuvo que el magistrado "hace política" con sus resoluciones.
Sin embargo, para Sabadini, la medida tiene irregularidades. En su presentación, denunció que el juez actuó sin dar intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) ni a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismos necesarios en estos procesos. El fiscal, sostiene que Mianocich citó el artículo 27 de la ley antilavado pero terminó asignando los bienes a destinos ajenos a la normativa, sin ninguna intervención de los organismos competentes.
Según el Ministerio Público Fiscal, no existía solicitud formal por parte del Gobierno del Chaco ni del Ministerio de Seguridad nacional para hacerse de esos bienes. En el caso del Tribunal de Cuentas, sí había una nota, pero sólo para ser depositario judicial del rodado, no propietario. La camioneta será entregada al presidente del organismo, Juan José Fuentes Castillo, lugar donde el juez Mianovich se desempeñaba previamente.
"Estamos en presencia de una sentencia arbitraria en los términos establecidos por nuestro Máximo Tribunal, ya que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley y una absoluta carencia de fundamentación", sostuvo Sabadini y advirtió que el magistrado ordenó inscripciones registrales definitivas sin esperar el plazo legal de apelación.
"Apartado destacado merece la actitud extrajurisdiccional tomada por el Magistrado en el destino de los bienes decomisados, que lo deberían obligar al mismo a replantear si su tarea debe ser jurisdiccional u optar por una carrera política, aunque por fuera del poder judicial. Ser juez y dedicarse a la actividad política son incompatibles en una República", cuestionó Sabadini.
Ahora, será la Cámara Federal de Apelaciones la que deba resolver si convalida la entrega de los bienes decomisados o si le pone freno a la decisión del juez.
