Causa Hotesur: ordenaron pericias a los patrimonios de Cristina y Máximo Kirchner
El caso fue elevado a juicio oral en 2019, donde se investiga presunto lavado de dinero, e involucra también a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

La causa Hotesur y Los Sauces, que tiene como principales acusados a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner por lavado de dinero, se reactivó luego de que el tribunal oral a cargo del juicio ordenara nuevas pericias contables a los patrimonios de los investigados y pidió informes sobre alquileres y propiedades como parte de las medidas previas antes de ponerle fecha de inicio al juicio oral.
Los jueces José Michilini, Nicolás Toselli y Adriana Pallioti hicieron lugar al pedido del fiscal Diego Velasco y ordenaron este miércoles a Edesur, Metrogas, Telecom y Telefónica a que informen a nombre de quién se encontraban contratados esos servicios en los departamentos de Puerto Madero, vinculados a Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Uno de los pedidos está dirigido a la administración del Complejo Madero Center para que informen si hubo vehículos que hayan utilizado las cocheras de los inmuebles ubicados en ese edificio.
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Con las nuevas pericias contables sobre el patrimonio de la expresidenta y su hijo los magistrados pretenden determinar si hubo retornos por adjudicación de obras públicas por parte de Lázaro Báez.
Los pedidos de informes también se libraron en la provincia de Santa Cruz, ya que, según el dictamen fiscal, "ciertos organismos públicos provinciales –Municipalidad de Río Gallegos y Calafate-, que no hacen más que confirmar su importancia, y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio".
Esta causa está conectada con el juicio de Vialidad en el que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por fraude al favorecer en las licitaciones de la obra pública santacruceña a Lázaro Báez, convertido en millonario merced de esos contratos. Báez también fue condenado a 6 años en ese se juicio.
La hipótesis es que como contraprestación por haber recibido millonarios contratos de obra pública, Lázaro Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner millones de pesos justificados como contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles de Calafate.
