El número surge de una investigación realizada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien reportó la incompatibilidad del beneficio social y los empleados del Estado.

Solo nueve provincias enviaron a la justicia los datos respecto a los empleados públicos. Chaco no fue una de ellas.

La medida contempla la ampliación de plazos y aplicación de una tasa bonificada. Está destinada a activos y pasivos de la Administración Pública y permitirá liberar hasta un 25% del ingreso disponible.

El precandidato a gobernador de Chaco remarcó la necesidad de "ordenar la administración pública".