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Quienes hemos leído lo expresado días atrás por el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en distintos medios de prensa y en su cuenta de twitter, no salimos del asombro por varios errores en los que incurre, cuando dice: “La jueza del Chaco hace cautelar para impedirle derechos y salud a las chaqueñas”…“se usa la justicia para no cumplir la ley”. No me voy a referir al primer párrafo, para no abundar en largas apreciaciones que fundamentan que matar jamás puede ser un  derecho, como tampoco el aborto  resuelve el problema de la salud de las mujeres. Y además distraerían lo que quiero expresar con relación a “se usa la justicia para no cumplir la ley”.

Por otra parte, recientemente la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros de nuestra provincia, Silvana Pérez, dijo con relación a la ley 27.610 -de aborto (I.V.E.)- “Es un derecho que ya está consagrado, es ley…”.

A ambos funcionarios, quiero señalarles, el grave error en el que incurren cuando ambos entienden que la función de los jueces es solamente aplicar o cumplir la ley. Y que el sólo hecho de haber sido sancionada una ley por el Congreso de la Nación, le da una protección especial que impediría a los ciudadanos el planteo de cualquier acción ante la justicia, generando de esta manera una situación injusta. Lo cual sería muy grave para el ejercicio de una democracia plena, la independencia de los poderes entre sí y el respeto por las autonomías provinciales.

Sería bueno hacer saber que en nuestro país, luego de la Reforma del año 94, impera un verdadero Estado de Derecho Constitucional, que actualmente exige a todos sus magistrados la argumentación jurídica de sus decisiones, en base a la incorporación normativa del conocido Bloque de Constitucionalidad.

En otras palabras, ya no es posible hacer referencia a la aplicación de la ley en sí misma para motivar las resoluciones judiciales, conforme al anterior Estado de Derecho Legal recordando que, en los Juicios de Núremberg, el motivo por el que los jerarcas nazis fueron condenados fue justamente por cumplir la ley, sin respetar el derecho. Es más; ya no solo resulta exigible el control de constitucionalidad de las leyes, sino también el control de convencionalidad, esto es exigir a los jueces el control del cumplimiento de los tratados incorporados a la Constitución Nacional, en el conocido Bloque de Constitucionalidad, generando así una obligación asumida por el estado argentino, que de no hacerlo, incurriría en responsabilidad internacional. Este aspecto ha sido consolidado por la jurisprudencia nacional en el caso “Mazzeo, Julio Lilo y otros S/ Rec. de Casación e Inconstitucionalidad” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por la jurisprudencia internacional en el caso “Almonacid Arellano c/ Chile” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos;  ambos referidos a delitos de desaparición forzada de personas.

Además de lo expresado, por otra parte, considero que quizás habría que analizar si corresponde la nulidad de la ley 27.610 por aplicación del art.29 de la Constitución Nacional, ya que la vida de los niños quedaría a merced del gobierno o persona alguna. Espero que estas reflexiones puedan colaborar a mitigar el desconcierto y la desinformación que de modo permanente nos están llevando a conclusiones erróneas por carecer de todo tipo de información adecuada.-

Escribana Clelia Avila

 

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