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La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros informó que apelará ante la justicia la absolución dictada este mediodía al Suboficial de Drogas Peligrosas Oscar Fernando Follmer por la Jueza Dolly Fernández de la Cámara 2º en lo Criminal de Resistencia, por el caso de "gatillo fácil" ocurrido en 2018.

El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros mostró su desacuerdo con el fallo absolutorio, que será apelado en articulación con la querella que representa a la familia y la Fiscalía.

“Nuestro compromiso es dar respuesta a las demandas de prevención y protección integral de derechos humanos, procurando la erradicación y la adecuada sanción a la violencia policial. Entendemos que las fuerzas de seguridad están para proteger a los chaqueños y chaqueñas, y por lo tanto, deben circunscribirse a ello. Por eso trabajamos en fortalecer a la institución policial en su accionar desde la perspectiva de derechos humanos”, expresó Silvana Pérez, a cargo del área.

“Confiamos en que el Superior Tribunal de Justicia revoque el fallo y ratifique el criterio de sancionar adecuadamente este tipo de hechos conforme a los precedentes jurisprudenciales y a una adecuada valoración de la prueba”, agregó la funcionaria.

Respecto al juicio del caso, el abogado Kevin Nielsen aseguró que hubo “diversas irregularidades” en la actuación policial y en la escena del hecho. Entre ellas, mencionó “la introducción del arma de fuego que aparece a una distancia considerable de donde estaba el cuerpo de Benjamín, y que es encontrada de forma espontánea por el personal policial”. 

El abogado aseguró además que “se hizo patente en el juicio el hostigamiento al que eran sometido Benjamín y su grupo de amigos por parte de algunos integrantes de policía de la provincia”. Nielsen afirmó que el caso encuadra en lo que para la legislación internacional se denomina ejecución sumaria, extrajudicial o arbitraria.

El caso

Benjamín Fernández, de 18 años, fue ejecutado por la espalda por Oscar Fernando Follmer, el 9 de agosto de 2018, en lo que comúnmente se denomina como “gatillo fácil”, siendo ésta una de las prácticas que se enmarcan dentro de las violaciones de derechos humanos en democracia. 

 

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