Ampliar
Videos, audios o fotos con info al 3624393128

Durante las últimas dos semanas pasadas, la Justicia federal del Chaco, resolvió tres pedidos de prisiones domiciliarias a funcionarios de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial que están condenados o esperando juicio por crímenes de Lesa Humanidad, denegándolos en dos oportunidades y concediéndolo en un caso.

En primer lugar juez de Ejecución Juan Manuel Iglesias denegó el beneficio a Rubén Héctor Roldan sub oficial del Servicio Penitenciario del Chaco, quien cumple en la U7 una condena de 25 años por el delito de tormentos como crimen de Lesa Humanidad, ocurridos en la Alcaidía provincial contra detenidos por razones políticas. La defensa de Roldan había solicitado el beneficio con el argumento de que su madre de 95 años se encontraba postrada por razones de salud y que era el único familiar con posibilidades de atenderla. El juez para negar el pedido consideró -en sintonía con lo planteado por la Fiscalía-, que existían otros familiares que podían hacerse cargo del cuidado y que contaban incluso con la posibilidad de tener un cuidador por cobertura de la obra social.

Por otro lado el Tribunal Oral Federal otorgó la prisión domiciliaria a Miguel Antonio González cabo de la Policía del Chaco, quien espera ser juzgado por el homicidio del dirigente de las Ligas Agrarias Ñaro Gomes Estigarribia en la causa Ligas Agrarias. El otorgamiento se basa en razones de salud ya que González presenta una insuficiencia aortica según estudios cardiovasculares y una pérdida de visión por cataratas, entendiéndose que su lugar de detención no sería el adecuado para afrontar dichas dolencias. La Fiscalía y la querella apelaron dicha decisión basándose en el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte que opinaron que González estaba clínicamente compensado, sin evidencias una patología  aguda en evolución y que era autovalido.

Por último la jueza Zunilda Niremperger denegó la solicitud de arresto domiciliario del cabo Albino Borda, quien cumple en la U7. Una condena a 22 años en la causa Caballero II y está procesado por la desaparición de 4 militantes políticos del Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones. La jueza consideró que no padece dolencias graves, que está contenido medicamente y que podría llegar a entorpecer la búsqueda de desaparecidos que se viene llevando adelante. La resolución fue apelada por la defensa y deberá resolver la Cámara Federal de Resistencia. 

Leer más...