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Hoy internos de la Unidad Penal N° 1 de Corrientes comenzaron una huelga de hambre para reclamar "de manera pacífica" prisiones domiciliarias para los presos que están en grupos de riesgo en el contexto de la pandemia por el COVID-19.

Familiares de detenidos, explicaron a medios de comunicación de Corrientes que vienen realizando presentaciones judiciales y solicitan la presencia en el lugar de autoridades del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Según recomendaciones de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la propia Cámara de Casación Penal Federal, se recomienda analizar la prisión domiciliaria para detenidos de grupos de riesgo, evaluando de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”, lo que pidió al resto de la Justicia.

"Estas son medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del Covid-19”, indicaron familiares de internos.

Por otra parte, expusieron que "la Unidad Penal Nº 1 tiene en este momento unas 670 personas alojadas, con una sobrepoblación cercana al 40% ya que su capacidad real es de 440 personas".

En diálogo con el diario El Litoral, el jefe del Servicio Penitenciario de Corrientes, Rubén Romero, explicó que está atendiendo "caso por caso y buscando los medios para poder colaborar". Existen pedidos en varias unidades penales pero la situación es de tranquilidad.

"En toda la provincia tenemos entre 50 y 60 personas que consideramos que forman parte de los grupos de riesgo", detalló el funcionario. "Los pedidos mayormente son asuntos que tiene que resolver la Justicia", agregó.

Por otra parte los familiares también denunciaron las condiciones de hacinamiento, superpoblación y falta de higiene  que existen en las cárceles.

 

 

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