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El equipo fiscal especial que investiga a exfuncionarios provinciales imputados por delitos precedentes al presunto lavado de activos, dio detalles en una conferencia sobre el estado de las causas.


Lucio Otero.

Junto a sus pares Nélida Villalba y Lucio Otero, la responsable del equipo, Graciela Griffith Barreto, indicó que buscan “llegar a juicio lo más rápido posible” porque saben que los defensores “tienen recursos para trabajar pero están abusando” de los mismos.


Equipo fiscal especial.

“Tenemos 200 casos comprobados por unos $60 millones del erario hasta el momento. Hay 4 empresas de Buenos Aires que no existen en los papeles y una sola se llevó $14 millones”, detalló la fiscal.


Nélida Villalba.

En el marco de la causa por mega corrupción, se encuentran procesados con prisión preventiva el exsecretario General de la Gobernación, Horacio Rey, y el exsubsecretario de Comercio de la Provincia y exministro de Desarrollo Social, Roberto Lugo, entre otros exfuncionarios públicos.

Griffith Barreto informó que "el avance ha sido significativo. Ya tenemos prisión preventiva de todos los imputados, confirmado ya la prisión preventiva de los funcionarios de parte del Juzgado de Garantías interviniente”.

"SE HAN RECOLECTADO LAS PRUEBAS NECESARIAS"

“Con relación a la prisión preventiva de Rey, Buttice y Zibecchi -que ha cobrado como parte de tres fundaciones- ya está firme. Tiene audiencia fijada de oposición con respecto a demás imputados, todos vinculados a las fundaciones y empresas que han cobrado las publicidades que no se realizaron y que la provincia ha pagado a través de este fideicomiso público que es pauta publicitaria”, aseguró.

Refiriéndose a la responsabilidad de los funcionarios del gobierno provincial, expresó que “hay pruebas, ya se han colectado todas las necesarias en cuanto a la participación. Estos hechos existieron”. “Hasta la última declaración que se les ha tomado a los imputados son 200 contratos que fueron hechos, pagando publicidad que no se hicieron a empresas y fundaciones que no existían o que no funcionaban pero que en los papeles estaban”, agregó.

“La suma estimada hasta la fecha con estos detenidos es de 60 millones de pesos del erario público, es una suma provisoria”, indicó.

Además, contó también que “se ha comprobado que entre todos los detenidos aparecen operando en nombre de la Fundación de la Asociación de Ciegos. Integrantes de esa fundación prestaron declaración e ignoraban todos estos contratos que aparecen a nombre de ellos”.

La fiscal señaló también que “respecto a empresas, aparecen cuatro con domicilio en Buenos Aires, se ha hecho una verificación y ninguna existe, salvo en los papeles. De esas, una sola empresa de nombre Braxton, aproximadamente se ha llevado 14 millones de pesos. Esa suma aparece en cheques que fueron retirados por uno de los funcionarios que trabajaba con Rey”.

Así, se llegó a la prisión preventiva del ex secretario General de la Gobernación, a lo que la funcionaria judicial explicó que “la preventiva se sustenta no solamente en la cantidad de hechos que se le imputa a Rey, que por su función era fiduciante de pauta publicitaria, si no que la intervención de este funcionario y las otras personas está bien corroborado, de todo un armado, de cómo fueron apareciendo esos contratos, de cómo fueron certificando trabajos que no se realizaron, cómo fueron los pagos”.

El fiscal Otero aportó que “entendimos, y por eso dictamos la preventiva, de que estas personas tienen todos los medios necesarios para darse a la fuga: la plata, los contactos, todo a su disposición de que el juicio no se haga, porque según nuestro código cuando un imputado se da a la fuga no existe el juicio en rebeldía”.

“El dictado de la prisión preventiva en este hecho es decirle al juez y a la sociedad que como fiscales necesitamos que estas personas sigan detenidas, obviamente son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero excepcionalmente solicitamos la prisión preventiva para que se pueda realizar el juicio, eso es lo que queremos”, agregó.

El equipo fiscal comentó que “vamos a tratar de investigar todos los hechos que puedan involucrar pauta publicitaria de la provincia del Chaco, con respecto a este período, que es comienzo del 2016 hasta fines del 2017 y primero días del 2018”. “Nuestro compromiso es seguir adelante y nuestra obligación es de que tenemos llevar a concluir la cusa y elevando a juicio lo más rápido posible”, indicaron.

CAUSAS CONTRA LUGO

El equipo fiscal se encargó de marcar las diferencias entre la causa por pauta publicitaria y la que involucra al ex ministro de Desarrollo Social Roberto Lugo. “Él no está en esa asociación ilícita, está siendo investigado por su funcionamiento como ministro y beneficios que le daba a su círculo íntimo de amistades, con contrato llamativos”, dijo Otero.

“Tenemos entendido que en poco tiempo la causa de Lugo va a ser separada, pero vamos a seguir investigando nosotros. Nada tiene que ver con la pauta publicitaria y no queremos juntar todo, sino hacer las cosas como corresponde”, agregó.

Por su parte, la fiscal Villalba comentó que las causas que involucran a Lugo y Rey tienen su punto en común “en lo que sería Lavado”, investigación que es llevada adelante por la Justicia Federal. “Por eso es que iniciamos todo junto y ahora la vamos a separar”, apuntó.

Así, dijo que hasta el momento “nosotros hoy tenemos la causa madre, de esa causa ya está separada y tiene causa solo Ismael Fernández y Ramón Chávez y también vamos a separar la causa de Lugo”.

ABUSO DE RECURSOS

El equipo fiscal también se expresó contra los defensores de los imputados, aceptando que “los defensores tienen facultades de plantear recursos propios del derecho de defensa”, pero asegurando que “hemos observado una especie de ejercicio abusivo de esos recursos”.

Se refirieron también al recurso presentado por la defensa de Rey que se refería a que la investigación no puede ser llevada adelante por un equipo fiscal. “Los defensores se han opuesto a que intervengamos nosotros como equipo. El planteamiento fue rechazado por el juez de garantías toda vez que la ley tanto lo que es el Código de procedimiento, la ley de Ministerio Público, la facultad del procurador como funcionario constitucional, autoriza que dos o más fiscales, de acuerdo al volumen de una causa, pueden investigar. Respecto a esta cuestión la semana pasada la rechazó la Cámara de Apelaciones”, señalaron.

IMPUTACIONES

Cabe recordar que las imputaciones que les cabe a los involucrados son: Asociación ilícita, violación de deberes de funcionarios públicos, negociación incompatible, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Según comentaron los fiscales, tienen a “Rey como jefe de esa asociación, que lleva los 200 hechos con dos funcionarios que los acompañan: Buttice y Katavich”.

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