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La Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos, a cargo de Francisco Daniel Turraca, ordenó la detención de seis agentes del Servicio Penitenciario Provincial en el caso de abuso sexual y tortura a un interno de 23 años en la Alcaidía de Resistencia.

A pesar de que la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios desmintió el parte médico, los seis agentes prestaron este sábado declaración de imputado por el delito de “Torturas en calidad de co-autores previsto y reprimidos por los artículos 144 ter, 1° supuesto, en función del 45 del Código Penal”.

Fuentes judiciales y de derechos humanos confirmaron a Diario TAG que el médico forense que intervino constató las “lesiones, tanto perianales (intento de violación con objeto) como las de la muñeca y el cuello”.

En la denuncia, el interno aseguró que fueron seis los penitenciarios que lo atacaron, entre ellos uno apodado "Gallo", quien es el que concreta la agresión sexual. Luego lo llevaron a su celda, donde ya había una sábana colgada posiblemente para simular un suicidio, pero paran con el procedimiento por los gritos y enojos del resto de los internos.

En un principio intervino en el caso la Fiscalía de Investigaciones N° 1. Luego, desde la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos, actúa la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos, que dispuso una serie de medidas para avanzar con el caso que trascendió este viernes.

Desmentida oficial y repudio del Comité contra la Tortura

En tanto, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Néstor Florentín, aseguró que el interno que cumple condena por homicidio agravado por el vínculo “está desde hace tiempo bajo tratamiento psiquiátrico y hasta el día de su denuncia, mantenía alta conflictividad con la mayoría de población, porque no era aceptado dentro de los pabellones”.

A través de un comunicado oficial, el funcionario indicó que primero fue revisado por médicos de la Alcaidía de Resistencia y luego en el hospital Perrando, “y en ambos casos no se constató lesiones compatibles a un abuso sexual”.

Ante estas declaraciones, el Comité de Prevención contra la Tortura del Chaco, el funcionario en cuestión tenía que “comprometerse en su rol de funcionario público del Poder Ejecutivo a instar al esclarecimiento de los hechos de presunto abuso sexual y tortura denunciados por el interno y a adoptar las medidas administrativas correspondientes a su cargo”.

“En cambio, formuló expresiones que estigmatizan y revictimizan a la víctima, al describir un supuesto cuadro ‘psiquiátrico’ y la pena que se encuentra cumpliendo, con el sólo propósito de desacreditar su testimonio, además de mencionarlo por su nombre y apellido, sin resguardar su intimidad”, manifestaron a través de un comunicado.

El organismo informó además que el interno fue entrevistado por personal especializado en prevención de la tortura del propio Comité, y también del Ministerio Público de la Defensa, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el Servicio de Salud Mental del Hospital Perrando lo que confiere verosimilitud a los hechos denunciados y que están bajo investigación.

“Al tomar intervención en el caso, el CPTCh coordinó acciones con diferentes instancias administrativas y judiciales para proveer al resguardo y salvaguarda de la víctima. En ese contexto, el viernes 24 de agosto se presentó una acción de habeas corpus ante el Juez de Ejecución Penal Dr. Juan José Cima, con la finalidad de que esta persona no continúe en el ámbito del Servicio Penitencia Provincial, por constituir tal situación un peligro eminente para su integridad física”, explicaron.

Por último, el organismo recordó que “viene recomendando, accionando y denunciado el hacinamiento en los lugares de detención de la provincia, las condiciones que provoca dicha sobrepoblación y los episodios de tortura y malos tratos hacia la población carcelaria. En ese escenario es que se deben analizar las graves violaciones a los derechos humanos más fundamentales por quienes debieran brindar seguridad y custodia a las personas privadas de su libertad que cumplen con sus condenas, cuyo cumplimiento es responsabilidad ineludible para el Estado y sus funcionarios”, culminaron.

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