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Un día después de ser condenada a 13 años de prisión por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la causa "Pibes Villeros", la justicia jujeña dictó la prisión preventiva contra Milagro Sala en la investigación conocida como “la megacausa”. La líder de la Tupac Amaru también está privada de la libertad por la causa de la golpiza a Lucas Arias, militante de la Corriente Clasista Combativa (CCC).

El juez de Control Nº 4, Isidoro Arzud Cruz hizo lugar a lo solicitado por el fiscal de Investigación, Diego Cussel. La Megacausa averigua un desfalco por más de $1000 millones en el marco del programa de construcción de viviendas sociales. Según la denuncia hay 1.800 casas que figuran terminadas pero no se hicieron y 500 por la mitad.

La dirigente social está acusada de ser coautora del delito de fraude a la administración pública. En esta investigación también está imputado el ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, y el ex secretario de Obras Públicas nacional, José López, entre otros.

El magistrado expresó que de lo actuado hasta el momento existe "plena prueba de la existencia del delito de fraude a la administración pública por Administración Infiel (40 hechos) todos en Concurso Real, existiendo semiplena prueba de que Milagro Sala es la supuesta autora material y responsable".

A su vez, se refirió al peligro de fuga. "Estamos en presencia de un fraude por cientos de millones de pesos, dinero éste que tenía por finalidad hacer efectivo el derecho a una vivienda digna para los sectores más vulnerables de la sociedad jujeña, dinero que hasta la fecha no se ha podido encontrar o determinar cuál fue su destino final, lo cual hace presumir que en caso de encontrarse el mismo oculto por la encartada, esta podría utilizarlo impulsando el ánimo de fuga de la misma".

Sobre el peligro de obstaculización de la investigación, el juez consideró que se ha acreditado en las presentes actuaciones, que por parte de la inculpada Milagro Sala existieron "actividades de coacción y constante amedrentamiento que ejercía ésta sobre los presidentes de las cooperativas y otros miembros de la organización; personas estas que han depuesto como testigos en la presente causa y cuya libertad para declarar sobre la verdad de los hechos ante el eventual juicio oral y público se vería limitada si la imputada, recuperara la libertad y de esa forma se posibilitará retomar sus prácticas coactivas y amedrentadoras.

Por otra parte, agrega que "teniendo en cuenta el tipo de delito que se le imputa" en caso de "recaer sentencia condenatoria la misma no podrá ser de ejecución condicional".

Asimismo, el magistrado resolvió mantener la detención domiciliaria que viene cumpliendo la imputada, en el domicilio sito en Gordaliza Nº 1711 del barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy, con implementación de la vigilancia por medio de la pulsera electrónica.

 

 

 

 

Fuente: Clarín

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