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La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en el marco de la situación mundial de pandemia debido a la aparición y desarrollo del Covid-19, manifestó su preocupación por el aprovechamiento desmesurado e inadecuado para el tratamiento de excarcelaciones de personas privadas legítimamente de su libertad, “causando una confusión y zozobra en el ya afectado marco social general, y en especial en las víctimas y sus familiares”, sostuvieron.

En ese sentido, desde la Asociación que encabeza el fiscal federal Carlos Rívolo, afirmaron que “tanto las prisiones preventivas como las condenas son dispuestas en un marco de excepcionalidad y proporcionalidad, ello implica que previo a su disposición se realizó la valoración de las distintas circunstancias del delito que nos ocupa, donde se analiza su gravedad, la consistencia de la prueba, los riesgos procesales, las condiciones individuales del imputado y el daño causado a la víctima, es por ello que consideramos que cualquier modificación de aquella medida de privación de libertad debe re-andar ese mismo camino, repudiando cualquier resolución automática que pretenda tomar un atajo basado sólo en una situación sanitaria hipotética y general”.

En ese marco, señalaron que en los casos puntuales en donde algunos condenados obtuvieron el beneficio de la detención domiciliaria con fundamentos aparentes, su cuestionamiento debe ser en el marco legal, siguiendo la vía recursiva correspondiente, en donde se determinará las responsabilidades por cualquier irregularidad. “Sin perjuicio de ello, instamos a los magistrados judiciales a ser estrictos en la morigeración de las prisiones domiciliarias, en el control de su cumplimiento y que cuando se superen los riesgos sanitarios se disponga inmediatamente su restablecimiento a las unidades carcelarias de los condenados”.

Por lo demás, aclararon que desde el Ministerio Público Fiscal continúan desempeñando su función, a través de los medios tecnológicos adecuados, “velando por la legalidad del procedimiento y defendiendo los intereses de la sociedad, garantizando así los derechos de la víctima y su debida intervención en el proceso, conforme lo establece la legislación vigente”.

“La emergencia en que transitamos, requiere reforzar los esfuerzos y profundizar la prudencia en los procederes oficiales y sociales, de modo tal de advertir y atender la mayoría de las situaciones de riesgo que puedan surgir en todos los sectores de nuestra comunidad, sin que ello implique la creación de un estado vulnerable de ningún ciudadano”.

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