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El Senado comenzará a tratar mañana en comisiones los tres proyectos de ley de "simplificación y desburocratización" del Estado que impulsó el Gobierno para reemplazar al "mega DNU" con el que modificó unas 140 leyes.

A partir de las 11:00 la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, encabezada por el oficialista Julio Martínez, se reunirá conjuntamente con distintas comisiones de forma escalonada para debatir y darle dictamen uno a uno a los tres proyectos, que ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados.

La comisión que preside el riojano tratará primero la iniciativa denominada "Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la Nación", junto con la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Luego, junto a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, debatirá el proyecto de ley de "Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo de la Infraestructura" y finalmente, con la de Justicia y Asuntos Penales, tratará el de "Simplificación y Desburocratización de la Administración Pública Nacional".

Durante el debate en la Cámara de Diputados, el oficialismo aceptó eliminar del proyecto vinculado al "desarrollo productivo" un artículo que declaraba la embargabilidad de las cuentas sueldo, uno de los puntos más polémicos.

También se dio marcha atrás con el punto que pretendía excluir a los contratos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses del régimen de contrataciones del Estado, lo que hubiera permitido que el organismo creara fideicomisos a su criterio.

Uno de los aportes centrales de esta iniciativa es la ampliación del Fondo Fiduciario de Capital Emprendedor para que más MiPyMEs tengan acceso a esa fuente de financiación.

Además, el proyecto baja las multas y los tiempos de permanencia en un registro de infractores que se creó en 2014 a modo de un "veraz laboral", lo que es criticado por un sector de la oposición, que considera que con esto el Gobierno "habilita a las empresas a seguir con el fraude laboral".

En tanto, uno de los aspectos más destacados de la iniciativa de "desburocratización" de la administración pública nacional es la ampliación de uso del documento electrónico y la firma digital en la totalidad de los actos administrativos y jurídicos.

Los tres proyectos de ley fueron enviados al Congreso ante la polémica que generó el el decreto 27/2018, conocido como "mega DNU", que modificó unas 140 leyes y despertó críticas de todos los sectores de la oposición, incluido el Bloque Justicialista, habitual interlocutor del oficialismo en el Parlamento.

No obstante ese DNU sigue en vigencia, dado que para anular los efectos de un decreto es necesario que las dos Cámaras del Congreso lo rechacen y eso todavía no ocurrió ni siquiera en una.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de pronunciarse sobre la legitimidad de los decretos del Poder Ejecutivo, emitió un dictamen en contra del "mega DNU" que nunca se puso a votación en el recinto.

De hecho, el miércoles pasado, luego de que se rechazará el tratamiento sobre tablas de los proyectos de la oposición para cancelar los aumentos tarifarios, el oficialismo levantó la sesión ordinaria en la que esperaba aprobar la Ley de Financiamiento Productivo.

El motivo de esa decisión, según trascendió, fue que el Frente Renovador y el kirchnerismo tenían decidido unir fuerzas para votar a favor del rechazo al "mega DNU", lo cual no hubiera tenido efectos concretos pero sí hubiera significado una derrota para el Gobierno en lo político.

 

NA.

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