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(Foto:La Nación)
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Según La Nación, la oposición peronista avanzó ayer un casillero en su intento por asestarle un golpe político al Gobierno al imponer en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo su rechazo al decreto de necesidad y urgencia que creó el régimen de extinción de dominio, herramienta que busca acelerar la recuperación de bienes y fondos obtenidos por la comisión de delitos vinculados con actos de corrupción y el crimen organizado.

Para completar la jugada, ahora la oposición deberá lograr que el decreto sea rechazado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. Mientras no logre ambos pronunciamientos, el decreto seguirá vigente.

En realidad, en la bicameral se registró un empate entre el dictamen de rechazo y el de apoyo al DNU, que impulsó el oficialismo. Ambas posturas obtuvieron ocho firmas. Sin embargo, al contar con la rúbrica del presidente de la comisión, el diputado kirchnerista Marcos Cleri (FPV-Santa Fe), el despacho de derogación será considerado como de mayoría.

"El kirchnerismo vota en contra de este decreto en defensa propia, porque este decreto se va a aplicar a todos los procesos de corrupción del kirchnerismo", se quejó el diputado Luis Petri (UCR-Mendoza). "Hay más de 250.000 millones de pesos que dependen de una acción de extinción de dominio por parte del Estado para poder recuperarlos", agregó el legislador oficialista.

Lo cierto es que no sólo el kirchnerismo rechazó el decreto. De hecho, el voto clave que le permitió a la oposición emparejar el tablero fue el de la senadora María Cristina FioreViñuales (Partido Renovador-Salta), aliada del gobernador Juan Manuel Urtubey pero que suele votar con el oficialismo la mayoría de sus propuestas legislativas.

Viñuales justificó su rechazo en el hecho de que el Congreso viene discutiendo un proyecto sobre el tema desde hace más de dos años, expediente que "no está caduco", agregó. "Que el contenido no sea del gusto del Presidente no lo habilita a tratarlo a través de un decreto de necesidad y urgencia", sentenció.

En la misma sintonía se había manifestado el senador Daniel Lovera (PJ-La Pampa) unos minutos antes. "Resulta incomprensible el dictado de un DNU cuando hay un proyecto en trámite en la Cámara de Diputados", se quejó, antes de señalar, en dirección a Mauricio Macri, que "la ley no lo habilita a elegir entre una ley o un DNU".

El vicepresidente de la comisión bicameral, el senador Luis Naidenoff (UCR-Formosa), reconoció que hay un expediente en debate en el Congreso, pero justificó el dictado del DNU en la necesidad de acelerar la recuperación de bienes incautados por la Justicia. "La urgencia está en que hay 20.000 millones de pesos en procesos judiciales que hoy el estado no se los puede apropiar", aseguró.

En el inicio de la reunión, el decreto fue defendido por el diputado macrista Pablo Tonelli (Pro-Capital), quien justificó el dictado de un régimen procesal por DNU en los compromisos asumidos por la Argentina en foros internacionales y en la "necesidad de cortar el flujo de bienes y dinero" de quienes se encuentran acusados por delitos de corrupción y crimen organizado, como el narcotráfico y la trata de personas.

"Es un elemento de enorme valor en la lucha contra el crimen organizado, las mafias y la corrupción", concluyó Tonelli.

Además del decreto de extinción de dominio (62/19), la oposición logró imponer como dictamen de mayoría el rechazo a los DNU que impulsa la licitación de frecuencias del espectro radioeléctrico (58/19) y la creación de la Agencia del deporte Nacional (92/19).

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