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Néstor Luis Ibars fue condenado a 7 años de cárcel el 12 de noviembre de 2015 por el abuso de una joven con retraso madurativo. La chica vivía en un hogar de abrigo de Bahía Blanca y los fines de semana un familiar la iba a buscar para llevarla a su casa y a otro domicilio, ubicado en Punta Alta, donde era atacada sexualmente.

En este último lugar se encuentra viviendo Ibars desde el 7 de abril. Fue uno de los primeros beneficiados con las prisiones domiciliarias otorgadas en el marco de la pandemia delcoronavirus. Lo liberaron, bajo la supervisión del Patronato de Liberados y del área social de la Unidad Penal 19 de Saavedra, donde estaba alojado desde el día de su condena.

Los familiares de la víctima se enteraron de su salida porque vecinos dijeron haberlo visto en su casa y los llamaron. “La notificación oficial nos llegó el miércoles pasado, cuando el caso ya se estaba difundiendo en los medios”, dijo la abogada Fernanda Petersen.

“No se ha cumplido con la ley que regula y representa los derechos de las víctimas en un proceso penal. Les da la posibilidad de que sean escuchadas y que puedan decir por qué se oponen a estos beneficios”, recordó la letrada. “Nadie, pero absolutamente nadie nos dijo que se había analizado su salida”, remarcó.

Agregó que solo la fiscal Marina Lara, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Judicial 14 de Delitos Sexuales de Bahía Blanca, se comunicó con ella. “Me informó telefónicamente que la resolución había sido apelada una semana después de la liberación de Ibars”, comentó.

“Nunca tuvimos la oportunidad de enterarnos dentro del proceso”, afirmó. La prisión domiciliaria le había sido otorgada a Ibars en virtud de un hábeas corpus admitido por el tribunal de Casación de la provincia. Alude a la condición de riesgo de los internos en el marco de la pandemia y la superpoblación en las cárceles bonaerenses.

“Debía analizarse si había personas de riesgo involucradas en esa situación. Pero también tenerse en cuenta la posibilidad de generar temor o reproducir el daño al conceder un beneficio”, observó Petersen. Dijo que en algunos casos la cercanía entre los victimarios y las víctimas puede ser muy estrecha.

“Ninguna condición de excepción puede ser un elemento válido para vulnerar derechos”, cuestionó Petersen el otorgamiento de la prisión domiciliaria. Dijo que el fallo de Casación establecía que las solicitudes fueran analizadas por los juzgados y, si correspondiera otorgarlas, se concedieran sin esperar la ratificación de la Cámara respectiva.

Por esa razón, Ibars quedó libre horas después de que Claudio Orlando Brun, titular del Juzgado de Ejecución Penal le concediera el beneficio. En su resolución, dispuso que la subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Seguridad proveyera un sistema de monitoreo electrónico “equipo y medios” para controlar el cumplimiento del beneficio y que cualquier anormalidad le fuera comunicada.

“Deberá procederse a la colocación del correspondiente equipamiento una vez finalizado el aislamiento, social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional”, fijó, no obstante, Brun. Según informa el medio Clarín, Ibars está sin la tobillera electrónica y supeditado al control del Patronato de Liberados y a los asistentes sociales de la cárcel de Saavedra, ubicada a 150 kilómetros de Punta Alta.

"Además se le envió un oficio al comisario del lugar para que constate el cumplimiento de la medida", aseguró una fuente del juzgado 1. Brun es su titular, pero también está a cargo desde mediados del año pasado del Juzgado 2. Reemplaza allí a su colega Onildo Stemphelet, separado tras un escándalo, a partir de una denuncia de robo en un lugar donde funcionaría un prostíbulo.

Desde el inicio de la cuarentena, a ambos juzgados, llegaron unas 150 solicitudes de prisión domiciliaria. Hasta esta semana, se había resuelto poco más de la mitad y unas 30 fueron concedidas favorablemente. Medio centenar de solicitudes transitan entonces por la vía de apelación ante la alzada bahiense.

"Entre esos 50 pedidos rechazados hay otros agresores sexuales y homicidas", dijo la fuente.  Aseguró que la notificación formal le fue enviada a la familia de la víctima y reflejó el clima laboral en el que se desempeñan. "Es una situación extrema y tuvimos que tomar decisiones que nos revolvían el estómago", describió. 

 

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Fuente: Clarín

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