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La Justicia descubrió una nueva "Ruta del Dinero K". Este camino también tiene entre sus protagonistas al socio de la familia Kirchner, el constructor preso Lázaro Báez. Pero la investigación suma novedades. El titular de la fiscalía federal 11, Gerardo Pollicita, pidió la declaración indagatoria del financista Ernesto Clarens, confeso en otro expediente como cobrador de millones de pesos provenientes de sobornos de empresarios, también confesos de cometer ese delito.

Pollicita le elevó al juez Julián Ercolini un dictamen en el que pide la apertura de una nueva causa apoyada en notables descubrimientos de lo que ya parecía agotado. Sí, hay más senderos financieros con millones provenientes del Estado, que se bifurcan en originales modos de lavar divisas y beneficiar al empresario de la construcción.

Gerardo Pollicita, Fiscal Federal

En este caso, además, el ocultamiento incluye al organismo que debía controlar y recaudar el pago de impuestos de proveedores de Báez. Según el fiscal, que trabajó junto con una de las autoridades de la AFIP, el técnico Jaime Mecikovsky, estos impuestos eran "perdonados" por la autoridad que debió ser su verdugo y no su cómplice: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al mando de Ricardo Echegaray.

Pollicita, quien obtuvo el aporte documental de actuales sabuesos de la AFIP, sostiene que Báez habría “implementado entre los años 2005 y 2009 una maniobra criminal” con la que “se llevó adelante un mecanismo de reciclaje de una parte importante de ese dinero (los multi millones que el Estado K le entregó a Báez) a través de la ficción de costos inexistentes, con el fin de otorgar a dichos fondos apariencia de licitud, distanciándolos de su origen delictivo en la defraudación al Estado Nacional”.

Pollicita calcula que Báez, en esta nueva "Ruta del Dinero K", con la ayuda de Clarens y el resto de los imputados, habría lavado al menos ciento sesenta millones de dólares, “los cuales fueron finalmente convertidos en dinero en efectivo, impidiendo definitivamente su trazabilidad”.

El fiscal y la actual gestión de la AFIP muestran cómo las empresas constructoras de Báez usaron facturas de empresas truchas y de proveedores reales pero que desconocieron haber trabajado para el constructor, con el objetivo de desviar fondos hacia una decena de financieras que cobraban y devolvían en efectivo los montos de cheques endosados por las compañías del empresario K.

Pollicita explica que el “modus operandi” de esta nueva maniobra de lavado de activos consistía en “la ficción de costos inexistentes en las obras públicas. El desvío hacia Gotti de los fondos sustraídos al Estado nacional por Austral Construcciones, no sólo permitía alejar en apariencia ese dinero de Lázaro Báez, sino que a la vez era de gran utilidad para disimular con mayor eficacia dichos “costos”, reflejados en facturas apócrifas, entre millones de pesos de gastos reales que Gotti afrontaba para la realización de las obras”.

El fiscal continúa redactando el resumen de las operaciones así: “La empresa Gotti no solamente era conveniente para su uso en la maniobra por las razones expuestas, sino que además tenía una característica muy particular que la hacía funcional al plan criminal: había cedido sus cobranzas y sus pagos a una tercera persona, Invernes SA, controlada por el financista Ernesto Clarens. En definitiva, con esto habría de obtenerse otra interposición en el curso de los fondos y un paso más en el distanciamiento de su origen, toda vez que los respectivos cheques que estaban destinados a cancelar esas facturas apócrifas, no serían girados ni contra Austral Construcciones, ni contra cuentas de Gotti, sino contra las cuentas de Invernes, una sociedad anónima porteña dedicada a actividades financieras, sin relación visible con el fraude al Estado, sobre la cual no recaía, por entonces, sospecha alguna”.

La AFIP de la gestión K ayudó a esas compañías de un modo sistemático: “resucitaba” a las empresas “truchas” de Lázaro, debido a que postergaba cualquier sanción a esas sociedades fantasmas, incluyéndolas en generosas y muy uniformes moratorias fiscales.

Esas firmas inexistentes lograron una muy efectiva selección del organismo recaudador: absolutamente todas entraron en planes de pago de impuestos. El papel del ex titular de la AFIP K, Ricardo Echegaray, en esta historia, recién comienza a investigarse, se desprende por la lógica del dictamen de Pollicita.

Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP

Pollicita incluyó en su nuevo dictamen el listado de todos los proveedores inexistentes, que serían alrededor de un centenar.

El fiscal descubrió un proveedor, entre otros, muy particular. Se llama Gustavo Javier Blanco, trabajaba de remisero cobrando 40 pesos diarios por su servicio a Gotti.

Blanco, según la documentación que recolectaron los actuales funcionarios de la AFIP, viajó más que su colega Oscar Centeno, protagonista de la causa de los “Cuadernos K”.

Ocurre que está probado que la constructora ligada a Báez acopió facturas del “remisero II” por un total de nueve millones de dólares.

El fiscal Pollicita señala que “la conversión del dinero en efectivo” que giró en esta historia recién develada, igual que el “canje de cheques”, se realizaron “en una proporción muy importante” en una financiera “perteneciente a Ernesto Clarens”, llamada “Cooperativa de Vivienda de Crédito y Consumo (Coficred)” y conocida hasta 2006 como Infecred.

Esta nueva causa, que se desprende de lo investigado por el fiscal y el juez Julián Ercolini en el expediente “madre” de la obra pública de Báez que cobró vía Vialidad Nacional, y que alcanzó un monto actualizado de 46 mil millones de pesos, podría generar un impacto aún más negativo en el entorno de quienes conocen los secretos de los negocios del socio de los Kirchner.

Ocurre que Pollicita solicitó a Ercolini que, además de Clarens, sean indagados contadores del Grupo Báez, como César Andés; parte de la familia Gotti, fundadora de la empresa que lleva su apellido; de la ex esposa de otro contador de Lázaro, Andrea Cantín; de un socio de Clarens, un personaje clave llamado Carlos Di Gianni; y otros empleados y apoderados de los Kirchner.

También el Ministerio Público pide de modo “urgente” la inhibición de bienes de los ya inhibidos bienes de Báez en otras causas anteriores; y de otras empresas y de la financiera de Clarens. Además del “bloqueo” del acceso a las cajas de seguridad que “registrasen las personas físicas y jurídicas señaladas, junto al levantamiento del secreto fiscal y bancario de ellos”.

Otra singularidad más en esta larga trama del otro posible delito lavado K: entre los proveedores bajo sospecha de los investigadores se encuentra hasta la “Mutual de Panaderos Unidos 3er Milenio”. Si sus facturas contables, y no las comestibles, fueran ciertas, entonces habrían alimentos farináceos al holding Báez-Gotti-Invernes por 76 millones de pesos.

 

 

 

 

Fuente: Clarín - Nicolás Wiñazki

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