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La Cámara Federal de Casación Penal se prepara para definir después del último fin de semana largo el destino de la causa “Dólar Futuro”, en la que se investiga si se cometió algún delito en la operatoria con esa herramienta cambiaria durante el período final del segundo gobierno de Cristina Kirchner, que hace un mes reclamó ser sobreseída.

Se trata de un expediente que ya está elevado a juicio oral pero que en la instrucción complementaria desarrollada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 se incorporó un informe pericial.

El destino de la causa está por estas horas en manos de tres jueces, los miembros de la sala primera federal de Casación Penal Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, quienes deben decidir luego de haber escuchado el 4 de marzo a la vicepresidenta, al gobernador bonaerense y exministro de Economía, Axel Kicillof; al extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli; y al actual titular de la entidad, Miguel Pesce, entre otros.

Si bien las discusiones entre los magistrados se desarrollan en completo hermetismo, fuentes judiciales explicaron a Télam que los jueces deberán decidir entre tres grandes opciones:

1) Declarar inadmisible el recurso de Casación (la causa seguiría camino al juicio, aunque se descuenta que las defensas buscarán la intervención de la Corte Suprema de Justicia).

2) Emitir una resolución que le ordene al TOF 1 que se ocupe de resolver sobre el fondo de los planteos de los imputados que reclaman ser sobreseídos.

3) Declarar la atipicidad del delito que se intenta investigar por tratarse de operaciones realizadas dentro de las atribuciones del Banco Central.

El debate entre los magistrados que deberán definir si la causa llega a juicio oral o es archivada antes se desarrolla a través de encuentros que mantienen por videollamadas de la plataforma Zoom, en los cuales cada uno expone argumentos mientras por separado van trabajando en sus propios votos.

A fines de 2015, con las elecciones presidenciales ya perdidas y la inminente llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, el mercado y los agentes económicos descartaban una devaluación ya que el candidato ganador había anunciado en campaña que eliminaría el cepo al dólar. Aún con ese escenario, el Banco Central (BCRA) comandado en ese entonces por Vanoli, vendía contratos de dólar futuro al precio oficial de aquellos días.

Cuando se concretó el cambio de Gobierno y el tipo de cambio se disparó, el Estado perdió sumas millonarias. Se estima que la operatoria le costó US$17 mil millones al Central.

La defensa de Cristina Kirchner

A principios de marzo, en la audiencia que se desarrolló también por Zoom y que fue transmitida en vivo por distintos canales de televisión, la vicepresidenta aseguró que la causa se “manipuló al calor del proceso electoral” de 2015 y que con la operatoria de ese tipo de contratos no se le generó ningún perjuicio al Estado, por lo que exhortó a los jueces que deben decidir si se hace el juicio oral o no a que “apliquen la ley”.

La exmandataria expuso durante cerca de 50 minutos en los que repasó algunos hitos del expediente judicial, cuestionó el papel del fallecido juez Claudio Bonadio y, en un mensaje directo a los jueces que la escuchaban, concluyó: “Yo no les voy a pedir mi sobreseimiento, les voy a pedir que apliquen la Constitución. Está todo escrito, tienen que aplicar la ley”.

En aquella exposición que realizó desde su despacho en el Senado, la exmandataria reseñó que la denuncia que dio origen a la causa fue presentada por los jefes de bloques legislativos de Cambiemos, Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR), entre la primera vuelta electoral y el balotaje en el que la ciudadanía tuvo que decidir entre Mauricio Macri y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli.

“El 17 de noviembre de 2015, a las 12, en plena rueda cambiaria, Bonadio irrumpe con un allanamiento en el Banco Central. ¿Cuál era el objetivo? Provocar una corrida, una devaluación, un desastre para todos”, continuó la expresidenta, para luego hacer hincapié en que eso ocurrió cinco días antes de la segunda vuelta electoral.

La vicepresidenta, como los demás imputados que expusieron después, invocó también el peritaje que ordenó el TOF 1 y que el juez Bonadio se había negado a hacer durante la causa, en el cual los peritos Carlos Campodónico, Alejandro Del Acebo y Stella Maris Castaño constataron que en aquella operatoria no había existido un perjuicio para el Estado nacional.

 

Fuente: TN.com

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