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La Unión del personal Civil de la Provincia (UPCP) convoca a un paro de actividad con movilización para este miércoles ante el desalojo de la protesta de los trabajadores el martes en Casa de Gobierno, que derivó en la detención del secretario General del Sindicato, José Niz, y otros dirigentes.

La modalidad de la medida es con asistencia a los lugares de trabajo en el área metropolitana y sin asistencia en el interior, con garantía de guardias mínimas y con alcance a todos los trabajadores de la provincia cualquiera sea su vinculación con el sector público.

En primer lugar, la UPCP rechaza “la represión ante el legítimo reclamo de los trabajadores y la detención infundada del Niz, el secretario Adjunto, Héctor Alvira, y tres trabajadores”.

Niz fue liberado el martes por la noche luego de pasar varias horas detenido en la comisaría de Vilelas tras el desalojo en la sede gubernamental. A la salida lo esperaban un grupo de trabajadores con quienes habló y convocó al paro de este miércoles.

“Denunciamos la violenta e injustificada represión policial aplicada sobre los trabajadores que se instalaron en el Salón de Acuerdos para que el Gobernador nos atienda”, señaló y criticó al gobernador que “nunca apareció”.

“Esta medida pacífica, tenía como objetivo que el Gobernador nos atienda porque nos deben bonificaciones desde 2015, y demandamos por un salario digno, que hoy ha sido destruido por la inflación”, explicó en cuanto a los motivos que llevaron al sindicato a la toma pacífica del salón de Acuerdos de Casa de Gobierno para exigir una audiencia con Domingo Peppo.

En ese marco, el sindicato ratifica los reclamos: “rechazo a la oferta salarial del Ejecutivo por insuficiente; incremento salarial con inclusión de cláusulas de actualización que preserven el salario de la inflación estimada para este año; urgente incorporación a la escala salarial como suma remunerativa y bonificable del monto abonado en octubre, noviembre, diciembre de 2017, enero y febrero de 2018; derogación del memorando 27/17 del secretario de Gobierno; incremento del refrigerio y que adquiera el carácter de concepto remunerativo; pago automático de bonificación por título y antigüedad; incremento de las asignaciones familiares y ayuda escolar”; entre otros.  

“Evidentemente la criminalización de la protesta es la excusa útil para no responder a las demandas de los trabajadores por un mejor salario, salud, educación y seguridad para todos y responsabilizamos al gobernador porque nuevamente uso al poder judicial que fue funcional a sus objetivos de acusar arbitrariamente a quienes nos vemos en la obligación después de cinco audiencias solicitadas y sin contestación de ingresar pacíficamente al Salón de Acuerdos para ser atendidos como corresponde”, sostuvo el dirigente gremial.

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