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El gobernador presentó un informe estadístico y un mapa provincial del delito. Planteó una serie de ejes para avanzar en seguridad: tecnología, protocolos anticorrupción y en violencia de género, policía judicial, protocolo de petición ante poderes públicos, fortalecimiento de los foros vecinales, y elección de defensores policiales, fueron los puntos fuertes.

El gobernador Jorge Capitanich encabezó este lunes la primera reunión del Consejo Provincial de Seguridad Pública en el salón Obligado de Casa de Gobierno, donde delimitó los ejes principales a trabajar consensuadamente durante los próximos encuentros. La ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, asumió la presidencia del organismo.

El mandatario provincial presentó un informe estadístico sobre hechos delictivos, que incluye datos del período 2000 - 2019, indicando la necesidad de que “el observatorio sobre violencia y seguridad pública funcione de una manera transparente”, para que el Consejo cuente con una herramienta de visión global ante los problemas existentes en materia de seguridad social.

En su exposición, Capitanich recordó que “el problema de la seguridad es multicausal: puede explicarse desde la exclusión, la injusticia social, la asimetría en la distribución del ingreso y la falta de oportunidades y empleo. Trabajar en una política preventiva es resolver las causas que originan el delito”, aseguró.

El jefe del Ejecutivo explicó que “hay una correlación directa entre la reducción de delitos y los indicadores de desarrollo y crecimiento”, y lo graficó con datos del informe. Señaló que hubo un pico máximo de delitos en el año 2002, tras la crisis nacional, y un menor índice relativo en el año 2011 y 2015, “años en donde la tasa de evolución de Producto Bruto Geográfico Provincial fue la más alta, la tasa de desempleo la más baja y la reducción de la indigencia y la pobreza también”.

“Esto llevó prácticamente a entender las dos puntas del sistema: casi 50 mil delitos en el año 2002 contra 23 mil en el 2011, la menor tasa de delitos en la serie histórica de casi los últimos 20 años”, comparó el gobernador.

Capitanich hizo referencia a una de las principales problemáticas: las circunscripciones judiciales no coinciden con las direcciones generales de la Policía del Chaco, ni con las direcciones educativas y sanitarias, por lo que propuso “acordar la división de la provincia en diez regiones” para que sean sedes rotativas del Consejo; propuesta incluida en la iniciativa de reordenamiento territorial planteado en el Plan Chaco 2030.

Además expuso las variables estadísticas de otras problemáticas vinculadas, como índices de siniestros viales, robo de motovehículos y automotores, hurto de ganado y equinos y secuestro de armas.

Capitanich puntualizó en la necesidad de llevar adelante un trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo, las fuerzas policiales, que deben capacitarse para abordar tanto delitos comunes como complejos, y la capacidad resolutiva e investigativa del Poder Judicial.

El gobernador planteó la necesidad de avanzar en temáticas como la elección de los defensores de policía, la fiscalización del sistema de seguridad privada, el protocolo de petición ante los poderes públicos, los avances en materia de seguridad vial, el Observatorio sobre violencia y seguridad pública, la persecución penal estratégica, los protocolos anticorrupción y en violencia de género, el peculio, la seguridad vial, la policía judicial y la denuncia digital, entre otros temas.

“Construir seguridad a partir de la solidaridad social”

La ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, y flamante presidenta del Consejo Provincial de Seguridad Pública, celebró la reunión de los máximos referentes de la seguridad pública y sostuvo que se renovará “el objetivo preciso de construir y fortalecer el organismo” a través de “acciones gubernamentales que abordan problemáticas sociales, las cuales necesitan ser visibilizadas”.

En esta línea, destacó que “la seguridad pública provincial debe asentarse en el marco de una labor eficiente del gobierno y sus dependencias”, y que se está “en el camino correcto para construir más seguridad a partir de la solidaridad social”.

Acompañamiento de la Legislatura

El presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Hugo Sager, participó de la reunión como miembro del consejo y describió puntos importantes que se tocaron: “Esta primera convocatoria sirvió para presentar a los actores, hacer una evaluación de los ajustes necesarios y fundamentalmente para entender que los lineamientos planteados por el gobernador pretenden fortalecer la participación de los foros de seguridad”.

Próximos encuentros

El Consejo Provincial de Seguridad Pública es un órgano de asesoramiento y consulta del Poder Ejecutivo en todo lo referido a la elaboración, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad pública. Participan autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, legisladores de distintos bloques, el presidente del STJ, el procurador de la provincia, la defensoría general, instituciones de DD.HH., ministerios de Salud Pública, Desarrollo Social y Educación, la Policía y el Servicio Penitenciario, municipios y representantes de foros vecinales.

El organismo tiene como objetivo atender e intervenir en las cuestiones y asuntos atinentes a la seguridad pública en el ámbito de su jurisdicción, fiscalizar y evaluar las actividades, funcionamiento y desempeño de las unidades policiales y/o empresas prestatarias de los servicios de seguridad, solicitar informes, presentar reclamos y formular propuestas en lo referido a este tema, e intervenir y participar en la elaboración, implementación y/o control de las estrategias y planes de prevención de la violencia y el delito.

El cronograma continuará de la siguiente manera para el año 2020: en febrero, Sáenz Peña; en abril, San Martín; en junio, Villa Ángela; en agosto, Castelli; y en octubre, Charata.

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