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Con una iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados, la legisladora provincial propone sancionar una ley para modificar el Código de Faltas de la Provincia, que establece la sanción con arresto de hasta 30 días o multa en efectivo de hasta cinco remuneraciones mensuales mínima, vital y móvil, para quién cometa acoso sexual callejero.

En el Día Internacional de la Mujer, Claudia Panzardi comentó sobre el proyecto que busca evitar el acoso sexual en espacios públicos o privados de acceso público. Y que tiene como fundamento la necesidad de penar la conducta de “aquellos agentes que limiten la libertad de sujetos pasivos mediante conductas invasivas de connotación sexual”, ya sea a través de “manifestaciones verbales, físicas y gestuales, que atenten contra la dignidad del sujeto pasivo en su esfera de libertad de auto determinación sexual”. A su vez, se refiere a acciones que no lleguen a “constituir delito reprimido por el digesto sustantivo para la cuestión criminal”.

El acoso sexual callejero es una forma de acoso sexual que se lleva a cabo mediante comentarios fuera de lugar, silbidos e insultos o acciones de personas extrañas en espacios públicos. Lo que habitualmente se conoce como “piropos” callejeros.

A través del proyecto, Panzardi pide la modificación del artículo 62 inciso A del Código de Faltas de la provincia del Chaco, para que se sancione “con arresto de hasta treinta (30) días o multa equivalente en efectivo de hasta 5 remuneraciones mensuales mínima, vital y móvil, al que sin estar comprendido en la incriminación del artículo 129 del cp., con actos o palabras torpes, ofenda la decencia pública”.

También, pide que se establezca que se trata de “acoso sexual en espacios públicos o de acceso público; quien acosare sexualmente a otro, en lugares públicos o privados de acceso público, siempre que el hecho no constituya delito”.

En el fundamento del proyecto, la legisladora explica la necesidad de este cambio en que “la dinámica de la realidad exige su correspondiente correlato en la norma jurídica”. Y agrega: “En el caso concreto, la evolución operada en el pensamiento sociológico de nuestro medio obliga a la instauración de tutelas normativas eficientes que permitan el desarrollo integral del ser humano en forma acorde a las indicadas transformaciones sociales. Conductas que fueron, por deformaciones propias de pensamientos pretéritos, institucionalizadas, deberán por propio imperio de la realidad, ser punidas de manera suficiente”.

Resaltó que “la dignidad del justiciable reclama medidas de tinte normativo que acompañen la evolución del pensamiento social, el que se conduce en pos de afianzar libertades adquiridas y nuevas por lograr”.

Y también que “el código de faltas debe necesariamente punir la conducta de aquellos agentes que limiten la libertad de sujetos pasivos mediante conductas invasivas de connotación sexual. Tipificándose a tal fin y como falta contravencional, todas aquellas manifestaciones verbales, físicas, gestuales, que atenten contra la dignidad del sujeto pasivo en su esfera de libertad de auto determinación sexual, sin  que llegare a constituir delito reprimido por el digesto sustantivo para la cuestión criminal”.

“Piénsese, entonces, en aquel sujeto pasivo, que a la fecha es acosado por terceros, mediante persecuciones, hostigamientos y conductas similares, con gestos y verbalizaciones de contenido sexual. Dos esferas entrelazadas de su plexo de derechos son así afectadas, la libertad, genéricamente considerada y la, indicada, auto determinación sexual – es decir el derecho del individuo a definir su esfera de competencia de contenido sexual en forma independiente y libre de toda interferencia de terceros”, explicó.

La legisladora recuerda en su proyecto que “se ha entendido por acoso sexual callejero en espacios públicos o de acceso público a las conductas físicas o verbales de naturaleza o connotación sexual, basadas en el género, identidad y/u orientación sexual, realizadas por una o más personas en contra de otra u otras, quienes no desean o rechazan estas conductas en tanto afectan su dignidad, sus derechos fundamentales como la libertad, integridad y libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios públicos y en los espacios privados de acceso público”, finalizó.

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