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Se sancionó la Ley 2733-F, autoría de los legisladores del Bloque Justicialista, por la que se autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar operaciones de crédito público por hasta un monto de $ 4.198.492.000, o su equivalente en otras monedas, con destino a financiar proyectos y programas públicos provinciales, renegociación de deuda pública, y financiamiento de políticas públicas municipales.

La norma sancionada faculta al Poder Ejecutivo a afectar o ceder los derechos de la Provincia sobre las sumas a percibir por el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias - Ley Nacional 23.548 -conforme con lo establecido por los artículos 1°, 2° y 3° del “Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos” -Ley nacional 25.570-, o el que en el futuro lo sustituya, con el fin de garantizar las operaciones que se autorizan, incluyendo la retención automática para el pago de los servicios pertinentes.

El producido de la operación de crédito público autorizada se destinará a: Financiar la ejecución de proyectos o programas sociales o de inversión pública, actualmente en desarrollo o que se prevean comenzar, así como afrontar la cancelación o renegociación de la deuda pública provincial, incluyendo operaciones tendientes a mejorar el perfil de la misma, por hasta un monto de $ 3.898.492.000.

Y se destinará a financiar políticas públicas de carácter municipal para la totalidad de los Municipios de la Provincia, por hasta un monto de $300.000.000, cuyos montos máximos serán asignados y distribuidos de conformidad a las planillas que acompañan la norma sancionada.  El Poder Ejecutivo convertirá en aportes de carácter no reintegrables a la totalidad de las operaciones de crédito mencionadas, en la medida que los Municipios suscriban con la Provincia un acuerdo de coordinación financiera y responsabilidad fiscal entre ambos niveles de gobierno.

Las operaciones efectuadas podrán materializarse mediante los mecanismos o instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos deberán asegurar que el producido de las mismas se afecte a la atención de los objetos determinados.

La ley determina para los Municipios de la Provincia, como condición para participar del régimen al que alude la misma, la adhesión a los términos de la presente ley, sin perjuicio de los demás requisitos que correspondan por la normativa que regula el crédito público en el orden municipal.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas será la autoridad de aplicación de la ley, en virtud de lo cual llevará adelante las acciones conducentes para la concreción de las operaciones de crédito autorizadas, todo ello de conformidad a los artículos 81 a 97 de la Ley 1092-A y de la reglamentación que al efecto se dicte. El Poder Ejecutivo determinará por vía reglamentaria los aspectos no estipulados expresamente en la ley y que fueren necesarios para la concreción de las operaciones de crédito autorizadas.

La norma exime de los impuestos provinciales creados o a crearse a las operaciones de crédito público autorizadas en la misma, y establece que el Poder Ejecutivo deberá presentar, en forma semestral, un informe a la Cámara de Diputados sobre las actividades llevadas adelante y el estado de situación de los fondos autorizados, el que será girado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Poder Legislativo, actuará como comisión de seguimiento y contralor del objeto de la presente. La misma examinará trimestralmente los informes remitidos por el Poder Ejecutivo, los que serán enviados a los titulares de los distintos bloques políticos.

La Ley fue aprobada con 26 votos afirmativos de las distintas bancadas, y la abstención de los diputados Germán Perelli y Hugo Domínguez del Bloque UCR –Encuentro Cívico.

Presupuesto

Con 27 votos en general se aprobó la Ley del Presupuesto General de la Provincia para el Ejercicio 2018, que fija en la suma de más de $ 61. 732 millones de pesos el total de erogaciones del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial no Financiera (Administración Central y Organismos Descentralizados), para el Ejercicio 2018. En la votación en particular el Interbloque Cambiemos se abstuvo.

La diputada Beatriz Bogado, Presidenta de la Comisión de Hacienda detalló “habiendo atendido a todos los sectores y organismos, tuvimos una larga reunión con el Ministro de Hacienda y su equipo buscando las cuestiones que favorecieran el mejor despacho para este proyecto de ley, finalmente, el 21 de noviembre hemos dado por concluida la tarea y despachamos el proyecto de ley de presupuesto, con la reformulación ingresada por el Poder Ejecutivo, en la cual se fortalecía la jurisdicción del Tribunal de Cuenta con $2.600.000,  el Poder Judicial con $46.600.000 y el Consejo de la Magistratura con $500.000, lo que hacía un total de $49.700.000”

“Luego ingresó una nueva actuación del Poder Ejecutivo que también se encuentra acumulada, que planteaba fortalecer la partida del IDACH en $ 17.400.000, tal cual lo había pedido oportunamente el diputado Charole y otros diputados, y que lleva la partida a 40 millones de pesos, haciendo estas aclaraciones vamos a tener que sustituir el despacho que firmamos” aclaró.

En ese sentido, apuntó que “el total de erogaciones que autorizamos para el 2018 es de 61.732.743.000, las erogaciones corrientes son 53.280.800.000 y de capital 8.451.899.000. El total de recursos es de 57.535.022.000, lo cual planta un déficit que contemplamos en la planilla que forma parte de este despacho que sustituye el original, y estamos teniendo en cuenta autorizaciones previstas ya en el presupuesto por leyes específicas, y obviamente la situación del déficit de este año 2018 que está contemplada en la ley que hemos sancionado en el punto anterior”.

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