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El fiscal General Federal Federico Carniel apeló la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que la pasada semana le había otorgado a la legisladora nacional Aída Ayala el beneficio de la eximición de prisión en el marco de la causa Lavado II.

Ahora, la investigación que involucra a la diputada en una causa por lavado de activos, será llegó hasta la Cámara de Casación.

El fiscal expresó que “los jueces de la Cámara -José Luis Aguilar, María Delfina Denogens y Rocío Alcalá- omitieron deliberadamente evaluar los riesgos procesales, tratando temas ajenos a este incidente y que solo dan muestra de una motivación aparente en el fallo aquí cuestionado, y con la decisión de conceder la eximición de prisión a la imputada Aida Beatriz Máxima Ayala”.

 “Solo están violando el especial deber de cuidado que deben observar los jueces en estas causas, - advirtió - desatendiendo el mandato que tiene el Estado Argentino de garantizar el efectivo cumplimiento del juzgamiento de quienes sean procesados por delitos tan graves como los que se encuentran investigando, lavado de activos de origen ilícito, en esta caso por corrupción”.

“Lo esperado de la Cámara Federal de Apelaciones es que, en vez de discutir cuestiones accesorias sobre la finalidad de la orden de detención, analice si los riesgos procesales estaban fundados y para enmarcar esa interpretación se hubiese valido de los instrumentos que la Argentina suscribió para ser utilizados en este tipo de casos, esa era la conducta esperada”, analizó.

Carniel consideró que la eximición de prisión de Ayala tiene “planteos dogmáticos rayanos a demagogos, demostrando parcialidad y deliberada omisión en la valoración de las condiciones objetivas de los riesgos procesales, como manda la normativa vigente, arriban a esta conclusión mediante argumentos sustentados por una provisional y parcial valoración de las características del hecho delictivo atribuido a la imputada”.

“Se puede presumir con fundada razón, que al concederse la eximición de prisión a la imputada Ayala, esta no solo intentará entorpecer la investigación, con posibilidades ciertas de incidir directa o indirectamente en testimonios y emisión de pruebas e informes en distintos organismos públicos, sino también que también intentará sustraerse de la acción de la justicia – cuya capacidad económica se condice con la probabilidad cierta de salir del país- para no incurrir en un futuro en la delación de los demás integrantes de la organización que se investiga y no responder por los hechos cometidos”, dice el recurso de Carniel.

Sobre la investigación, consideró que “se encuentra en sus albores, pendiente de realización la pericia ordenada sobre los elementos colectados, sin dejar de soslayar las múltiples diligencias que se encuentran ordenadas y los resultados parciales de las mismas que llevan a nuevas fuentes de prueba a otros posibles involucrados, los que no descarta que estarían en estrecha vinculación con la imputada”.

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